En una entrevista concedida a Servimedia, Sánchez Mato defendió que, tras la última sesión de la comisión de investigación sobre la gestión de la M-30, que tuvo lugar esta semana, ha quedado acreditado que “sólo el modelo de gestión” a través de la empresa mixta Madrid Calle 30, que se constituyó bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha supuesto un sobrecoste de 1.400 millones de euros, “casi una tercera parte del presupuesto municipal”, si se mantuviera hasta 2040 como estaba previsto.

Ante esta situación, reivindicó que “un gobierno responsable debe analizar las diferentes opciones”, porque además “hay cosas que se están pagando y no se han realizado”. Y, partiendo de que “casi todo en esta vida tiene solución” y de que cuenta con el apoyo del Grupo Socialista con el que Ahora Madrid suma mayoría absoluta en el pleno, dejó entrever que la comisión de investigación no va a aportar “sólo una crítica a lo que ha ocurrido, sino un planteamiento de solución”.

Sánchez Mato no quiso dar detalles, porque “si se revelara la estrategia sería una forma de no poder realizarla”, pero dejó caer que la comisión, tras su última sesión, terminará elaborando “un dictamen con unas conclusiones y unas recomendaciones”, que espera poner en marcha “este próximo año”.

Cuando se le preguntó si esto podría suponer llevar a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre la gestión de la M-30 en la línea de lo que ya se hizo con el contrato de organización del Open de tenis de Madrid, contestó: “Blanco y en botella”.

En cuanto al mencionado informe sobre el Madrid Mutua Open por el que el Grupo Popular se querelló contra él y tuvo que declarar ante un juzgado de instrucción junto a la exdelegada de Cultura y Deporte Celia Mayer, insistió en su versión de que la del PP fue "una querella política" que no tendrá recorrido.

Como prueba de ello esgrimió el que la acusación ni siquiera les preguntó por los delitos de prevaricación y delito societario que se le imputaban en la querella, y, en cuanto al de malversación de fondos, reiteró su argumento de que el contrato se firmó siguiendo los procedimientos establecidos por los anteriores gobiernos municipales del PP para la entidad pública Madrid Destino.