En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo precisó que con esta renovación, aquellas personas que presentan “especiales condiciones de vulnerabilidad” podrán beneficiarse de la ayuda de 425 euros al mes.

Esto permitirá que quienes no tienen otra fuente de ingresos puedan, además de cubrir sus necesidades básicas, cualificarse profesionalmente para encontrar un puesto de trabajo.

Este plan se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de agosto, cuando dejó de estar en vigor tras bajar la tasa de paro del 18%. La prórroga es posible después de que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaran atribuir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la competencia para gestionar el Prepara hasta el 30 de abril de 2018.

Este acuerdo llegó como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que encomienda a las regiones la gestión de los recursos de este programa.

Los datos acumulados del programa en todas sus ediciones indican que casi un millón de personas (954.935) se han beneficiado del mismo. De estas, un 75% (721.215) lo han hecho desde 2012, habiendo accedido a la ayuda mejorada del 85% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) 86.920 personas.

Por otra parte, el decreto por el que se prorroga el Prepara introduce de nuevo la reducción del 20% en la cotización de los trabajadores del hogar integrados en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con efectos desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Este beneficio en la cuota de quienes prestan servicios en el hogar familiar se aplicó para incentivar la formalización de las relaciones laborales y reducir el alto índice de empleo sumergido del ámbito del trabajo doméstico.

Asimismo, se modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para delimitar claramente a qué entidades del sector público se les admite formalizar contratos de obra o servicio determinado con una duración superior a tres años.

Con la redacción anterior “podían surgir dudas” sobre la aplicación de esta excepción en determinadas entidades del sector público, como fundaciones, consorcios y otros agentes de ejecución del sistema de ciencia e innovación, precisó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en una nota.

Así, la excepción al límite temporal de los contratos se aplicará a las administraciones públicas, organismos públicos, universidades públicas y otras entidades del sector público consideradas agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.