Así lo puso de manifiesto el vicepresidente de Incidencia Política e Impulso Normativo de la PTS, Luis Cayo Pérez Bueno, durante una reunión que la entidad mantuvo con el PSOE en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la presentación de dos proposiciones no de ley para instar al Gobierno a trabajar en el desarrollo normativo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, aprobadas hace casi dos años.

Pérez Bueno explicó que su propuesta pasa por aumentar el 0,7% actual del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que va destinado a acciones sociales, al 1%.

“Queremos que ese 0,3% adicional vaya destinado al ámbito estatal y los programas sociales de las entidades que conforman el sector puedan salir adelante, ya que con el nuevo modelo, impuesto por una sentencia constitucional, el Estado solo gestiona el 20% de las ayudas, y las comunidades autónomas el 80%”, agregó.

Además, durante la reunión, los representantes de la PTS, Luis Cayo Pérez Bueno, el vicepresidente de Acción Política e Institucional, Carlos Susías, y la directora, Elena Rodríguez, mostraron su preocupación por la sostenibilidad del sector, ya que con la prorrogación de los Presupuestos los “compromisos del Gobierno no podrán llevarse a cabo”, según indicó Pérez Bueno. En este sentido, el portavoz subrayó que es “totalmente” necesario un Plan de Sostenibilidad para acabar con la precariedad del sector.

DESARROLLO DE LA LEY DEL TERCER SECTOR

Durante la reunión, la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso de los Diputados, Elvira Ramón; el portavoz de Servicios Sociales en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Senado, Nemesio De Lara, y la secretaría del área de Movimientos Sociales y Diversidad de la CEF-PSOE, Mónica Silvana, presentaron a los representantes de la PTS la proposición no de ley para impulsar el desarrollo normativo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, una norma que se aprobó en octubre de 2015 y que, hasta el momento, solo ha visto regulada la Comisión para el Diálogo Civil.

En relación a esto, la Plataforma del Tercer Sector saludó la medida, que tiene como objetivo instar al Gobierno para que apruebe, en el plazo máximo de tres meses, el programa de impulso a las entidades del Tercer Sector, la regulación del Consejo estatal de ONG de Acción Social, del estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado y la creación y puesta en marcha del inventario de entidades sociales. De la misma manera, el PSOE presentó otra PNL para que se trabaje el desarrollo de la Ley de Voluntariado.