Estos tres sindicatos emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a la huelga a todas las oficinas en todos los países con presencia de la Administración General del Estado, incluidos el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Los sindicatos reivindican unos “sueldos justos”, la “recuperación salarial” y el “respeto a los trabajadores del servicio exterior”. También reclaman un cambio en el modelo del servicio exterior con el cumplimiento de la legalidad, el respeto de las normas de los países y del derecho internacional y europeo.

A su juicio, el Gobierno “no ha sabido responder” a “las justas, lógicas y legítimas demandas” de los trabajadores del servicio exteriores que desde hace unos meses han convocado “huelgas parciales y concentraciones en diferentes países”.

Acusan al Ejecutivo de no haber sabido “estar a la altura que las circunstancias requerían” en la reunión de la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior (PLEX) del pasado 20 de junio al haber optado por la “confrontación” y la “falta de respeto” hacia los trabajadores de este colectivo.

Al mismo tiempo, reprochan a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y al de Hacienda y Función Pública de “eludir su responsabilidad apuntándose con el dedo los unos a los otros en un inmovilismo inaceptable”.

Por ello, exigen un mínimo del 25% de aumento general como medida de choque y la apertura de una negociación para solucionar los casos más graves, además de solucionar “definitivamente el caos salarial” y la “política de sueldos mínimos que sin rubor” se manifestó en la reunión del pasado 20 de junio.

“No es esa la senda a seguir si queremos que España tenga un servicio exterior a la altura de un país como el nuestro. Las ilegalidades del servicio sxterior son abrumadoras y se deben en gran parte a que responden a modelos caducos, pocos eficientes y peor gestionados”, apuntan.

A su vez, reclaman negociar los procesos de contrataciones, las mejoras de las condiciones laborales y los planes de pensiones, al tiempo que reprochan al Gobierno que viole “sistemáticamente” la normativa de Seguridad Social europea y las normas sobre elecciones sindicales a representantes de los trabajadores para el colectivo de contratados laborales en el exterior.