Este acuerdo responde a la preocupación que comparten ambos países por el reto que plantean a la seguridad el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el terrorismo internacional, la delincuencia organizada y otros delitos que amenazan la seguridad.

El convenio establece un marco genérico de cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas. Tiene como finalidad fortalecer y reforzar la cooperación policial entre ambos países, así como prevenir y poner freno al terrorismo mediante la colaboración mutua.

La colaboración se prestará respetando las respectivas legislaciones nacionales y los compromisos internacionales vinculantes para ambos, y su desarrollo se efectuará a partir de los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua.

El convenio afecta a áreas como el fortalecimiento institucional para la eficacia en la gestión y la integridad de las instituciones públicas, mediante la mejora de las capacidades de los servicios mauritanos en materia de vigilancia de fronteras y de seguridad de sus infraestructuras; la lucha contra el terrorismo, mediante el intercambio de información y la asistencia técnica y operativa; y la lucha contra el cultivo, extracción, producción, importación y exportación, tráfico y comercio ilegal de drogas, sustancias psicotrópicas y sus precursores mediante el intercambio de información y colaboración a través de las entregas controladas de estas sustancias.

También afecta a la lucha contra la ciberdelincuencia y las nuevas formas de criminalidad; contra la inmigración irregular y el conjunto de formas de trata de seres humanos; contra delitos económicos, financieros y fiscales, contra la corrupción y contra el blanqueo de dinero de origen criminal y la seguridad pública general.

Al mismo tiempo, engloba la protección civil para asistencia a las personas en caso de desastres naturales o accidentes industriales y tecnológicos; el suministro a los servicios de rescate de material y equipos modernos; y la creación e implementación de sistemas de alerta temprana y de centros de recepción y tratamiento de la información para el seguimiento y gestión de emergencias.

A su vez, incluye la lucha contra los delitos contra la vida y la integridad de las personas; contra la detención ilegal y el secuestro; contra la falsificación (impresión y alteración) y distribución fraudulenta de moneda, medio de pago, cheques y valores.

Por último, incorpora la lucha el comercio ilegal de armas, munición, explosivos, materias primas de carácter estratégico (material nuclear y radioactivo) y otras sustancias peligrosas; contra las formas organizadas de delincuencia contra las personas; y contra el tráfico ilícito de bienes culturales de valor histórico y de obras de arte.