El 61,3% de los españoles habla de forma habitual sobre asuntos relacionados con los servicios públicos que prestan las administraciones del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. En cuanto a su funcionamiento, el 45,3% de los encuestados opina que funcionan de manera “muy o bastante satisfactoria”; por el contrario, el 9,1% asegura que no se siente “nada satisfecho”.

Entre los servicios públicos mejor valorados por los españoles se encuentran los relacionados con la seguridad ciudadana (protección civil, policía, bomberos), que son considerados como “muy o bastante satisfactorios” para el 72,5% de los encuestados. Los transportes públicos, con un 58,6% y la asistencia en hospitales públicos con un 53,7% son otros servicios que los españoles valoran de forma positiva.

Cuando se pregunta a los encuestados qué aspectos han mejorado o empeorado en las administraciones del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, el 67,8% asegura que ha mejorado el acceso a Internet, mientras que el 63% dice que ha empeorado el tiempo en resolver las gestiones.

El estudio también pregunta cuál es el grado de satisfacción cuando se ha contactado personalmente, través de teléfono o correo para hacer gestiones administrativas. El 90,7% califica como bastante o muy satisfactoria su experiencia con los servicios de centros culturales, de mayores y bibliotecas; el 88,4% con la oficina de expide el DNI y pasaportes y 81,6% con Correos.

El 53,4% de los españoles dice tener certificado electrónico y un 48% haberlo utilizado durante el último año. Su manejo resulta fácil o muy fácil para el 84,3 de sus usuarios. En cuanto al Sistema cl@ve, el 51% de los encuestados asegura tenerlo y utilizarlo le resultó fácil o muy fácil al 85,3%. Por último, el 46,5% de los encuestado asegura tener el DNI electrónico, aunque el 15% no lo ha activado.

Para los españoles, la administración electrónica tiene más ventajas que inconvenientes (62,9%) y está de acuerdo o muy de acuerdo en que mejora el acceso a la información y el conocimiento de los servicios públicos (73,2%). Sin embargo, el 86,1% considera que excluye a las personas con menos conocimientos y habilidades informáticas.