Así consta en la querella presentada este viernes por la Fiscalía contra Puigdemont y los miembros de su Gobierno, que es paralela a la que el Ministerio Público ha planteado también esta jornada contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa de esta institución. En este caso se les acusa de permitir el debate y aprobación de la Ley del referéndum y la de Transitoriedad Jurídica.

En el caso de la querella contra el Gabinete de Puigdemont, el fiscal plantea que “se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije”.

La Fiscalía catalana acusa a Puigdemont, Forcadell, los consejeros y varios miembros de la Mesa del Parlament de delitos que conllevarían penas de cárcel en el caso de que los tribunales terminasen encontrando culpables a los querellados.

VARIOS DELITOS

En concreto, el Ministerio Público entiende que los denunciados podrían haber cometido un delito continuado de desobediencia, malversación de caudales públicos o prevaricación continuada.

Los acusados podrían haber llevado a cabo estos delitos, en el caso de la Mesa del Parlament, al tramitar y someter a votación la Ley del Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica. En el caso de Puigdemont y sus consejeros, se actúa contra ellos por haber firmado un decreto para celebrar el referéndum y por estar dedicando medios públicos a este fin.

La querella, en el caso del Gobierno catalán, va dirigida contra Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull. Raül Romeva, Meritxel Borràs, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa i Coll, Santi Vila y Meritxell Serret. En el caso de la Mesa, la acción legal pide actuar contra Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet.

“PLENAMENTE CONSCIENTES”

Por lo que se refiere al Gobierno catalán, el Ministerio Público entiende que el presidente autonómico y sus consejeros se han negado “abiertamente” a obedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional contra el referéndum secesionista.

En el caso de Forcadell y los otros miembros de la Mesa, la Fiscalía entiende que los querellados eran “plenamente conscientes” de que al tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad estaban desobedeciendo “frontalmente” lo dictaminado por el Constitucional.

Al mismo, entre las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía, está cerrar las páginas de Internet dependientes de la Generalitat destinadas a organizar el 1-O, como las que buscan voluntarios para celebrar el referéndum ilegal. La querella pide que se actúe tanto contra las webs alojadas en servidores de España como la que estén en el extranjero.

AVISAR A LOS ALCALDES

Además, se solicita que se traslade a “todos” los alcaldes de Cataluña los “apercibimientos legales correspondientes” para que impidan “que se facilite cualquier tipo de recurso legal o material, incluyendo locales, para la celebración” de la consulta secesionista.

El fiscal quiere que también se remitan estos apercibimientos contra los directores de medios de comunicación para que no incluyan ningún tipo “de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum”.

Paralelamente, el Ministerio Público quiere que se tome declaración al secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, y a otros letrados de esta institución, que se negaron a firmar la resolución por la que la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad fueron sometidas a debate y votación en la Cámara autonómica.