La iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), y estaba dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos.

En concreto, las universidades seleccionadas han sido la Universidad de A Coruña, Universidad de Alicante, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Pública de Navarra, Universidad Miguel Hernández, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Murcia, Universidad de Burgos, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de Almería, Universidad de Extremadura y Universidad de Granada.

El objetivo es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la formación superior resulta aún insignificante.

Actualmente no hay datos estadísticos de personas con discapacidad intelectual en la educación superior y su presencia se limita a casos aislados. A nivel global, las personas con discapacidad sólo están representadas en un 1,7% en los estudios universitarios de grado y el porcentaje es aún inferior cuando hablamos de estudiantes de máster, posgrados o doctorados. Solamente entre el 5 y 6% de las personas con discapacidad tienen estudios universitarios hoy en España, a pesar de que la Estrategia Europea 2020 habla de un horizonte del 40%.

Fundación ONCE quiere lograr la inclusión social por medio de la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Dentro de este colectivo, los jóvenes con discapacidad intelectual representan un grupo con especiales dificultades de inserción laboral, debido a su bajo nivel formativo, por lo que es precisa la realización de actuaciones concretas para invertir esta situación y mejorar su empleabilidad.

Diversas investigaciones ponen en evidencia que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.