Por un lado, se aprobó un crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia judicial destinado a la modernización tecnológica y a la preparación de sus respectivas infraestructuras para mejorar las comunicaciones electrónicas gracias a la consecución de un sistema de gestión procesal.

Al mismo tiempo, se autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Respecto a los seis millones para las comunidades autónomas, los criterios de reparto de este crédito se fundamentan en indicadores una serie de indicadores aprobados en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 26 de julio: población de derecho de cada comunidad, litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual.

El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la “necesaria integración tecnológica plena de la Administración de Justicia” mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal.

NUEVE SISTEMAS DIFERENTES

Actualmente, existen nueve sistemas procesales diferentes, lo que hace muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones, lo que redunda, según el Ejecutivo, en una “pérdida de la calidad” en el servicio prestado tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia.

El Ministerio de Justicia ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, que garantice la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones.

El nuevo sistema sustituirá de forma paulatina el actual, incorporando la gestión de asuntos judiciales en formato electrónico. Para ello, se habilitará la entrada automática de escritos y demandas a través de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, incrementando las funcionalidades necesarias para la tramitación electrónica y la notificación de las partes.

Esta dotación económica tiene como objetivo financiar los gastos e inversiones necesarios para abordar la transformación digital en el ámbito de cada comunidad autónoma a través de una financiación adicional con la que el Estado contribuye al proceso de modernización de la Justicia.

MODERNIZACIÓN EN EL MINISTERIO

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó otros dos acuerdos por los que autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Respecto al primero de estos acuerdos, se destinan más de 36 millones de euros a la adquisición del necesario equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (Sgntj).

El equipamiento se estructura en tres bloques diferentes: adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización; la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad; y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de ‘backup’.

Por otra parte, el segundo de los acuerdos autorizados supone una inversión de 19,1 millones de euros para la contratación mediante procedimiento de licitación abierto, de servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas.

Este contrato, que incluye el mantenimiento y las acciones preventivas, correctivas y evolutivas sobre el hardware y el software, tiene una duración de un año prorrogable durante un máximo de nueve meses.

La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas.