En un nuevo informe titulado ‘Atrapados en una telaraña de represión: defensores de los derechos humanos de Irán bajo ataque’, AI detalla cómo decenas de activistas de derechos humanos, a quienes los medios de comunicación estatales califican a menudo de “agentes extranjeros” y de “traidores”, son procesados y encarcelados por cargos falsos de “seguridad nacional”, lo que, según Amnistía, inflige “un duro golpe a la esperanza de una reforma de los derechos humanos que suscitó la primera campaña electoral del presidente Hassan Rouhani”.

Algunos de estos activistas han sido condenados a más de 10 años de cárcel por actos tan sencillos como estar en contacto con la ONU o la UE, o con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

“Es una amarga ironía que mientras las autoridades iraníes alardean de sus crecientes relaciones con la ONU y la UE, sobre todo después del acuerdo nuclear, las personas que defienden los derechos humanos que han contactado con estas mismas instituciones sean tratadas como delincuentes”, afirmó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

En su informe, AI pide a la UE, que en 2016 anunció sus planes de reiniciar un diálogo bilateral sobre los derechos humanos con Irán, que se pronuncie con la máxima firmeza contra la persecución de los defensores y defensoras en el país. Luther comentó que la Unión Europea “no debe guardar silencio sobre el indignante trato que reciben estas personas en Irán”.

“En lugar de apaciguar a las autoridades iraníes, la UE debería pedir enérgicamente la libertad inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por su activismo pacífico por los derechos humanos y que se ponga fin al uso indebido del sistema de justicia para silenciar a activistas”, añadió.

45 CASOS

El informe ofrece un panorama general de la represión dirigida a un amplio abanico de defensores de los derechos humanos que trabajan en frentes de batalla clave en Irán. Destaca 45 casos entre los que hay personas que luchan contra la pena de muerte, activistas de los derechos de las mujeres y de los derechos de las minorías, abogados que defienden los derechos humanos y activistas que reclaman verdad, justicia y reparación por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas masivas de la década de 1980.

Amnistía Internacional subraya que las autoridades judiciales iraníes “han bajado el umbral” en los últimos cuatro años para formular “cargos imprecisos y excesivamente amplios” relacionados con la seguridad nacional y, al mismo tiempo, han aumentado la duración de las penas de prisión impuestas a los defensores y defensoras declarados culpables.

Así, recalca que, caso tras caso, se han impuesto largas penas de prisión, a veces de más de 10 años, por actos que nunca deberían ser considerados siquiera delito, como estar en contacto con la ONU y la UE, o con medios de comunicación, organizaciones sindicales internacionales y grupos de derechos humanos radicados fuera de Irán, como Amnistía Internacional.

Uno de los casos más emblemáticos es el del activista de derechos humanos Arash Sadeghi, gravemente enfermo, que cumple 19 años de cárcel por “delitos” como comunicarse con Amnistía Internacional y enviar información al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán y a miembros del Parlamento Europeo.

Otro es el de la destacada defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi, que dirigió el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de Irán y cumple una condena de 16 años de prisión, también en relación con su trabajo por los derechos humanos. La causa penal que se siguió contra ella se inició como represalia por una reunión que mantuvo con la ex máxima representante de la UE para política exterior, Catherine Ashton, el Día Internacional de la Mujer en 2014.

El informe indica que los juicios contra quienes defienden los derechos humanos suelen celebrarse en un clima de miedo en el que sus abogados son sometidos a diversas medidas abusivas, como los intentos por parte de las autoridades de limitar arbitrariamente las visitas a sus clientes o las comunicaciones privadas con éstos, o de retrasar su acceso a los expedientes judiciales.