Antonio García (Asociación Profesional de la Magistratura), Miguel Ángel Jimeno (Jueces por la Democracia) y Marcelino Sexmero (Francisco de Vitoria) se mostraron cautos hasta conocer en detalle la propuesta de la Fiscalía, de la que informó la Ser, pero en principio se decantan por la actual distribución de competencias, que reserva a la Audiencia Nacional los delitos cuya comisión o repercusión trasciende el ámbito provincial.

García dijo a Servimedia que, a la espera de un análisis detenido, como "principio general" el aumento de competencias no le parece "especialmente conveniente", pues en la Constitución, el derecho al juez natural conlleva que sólo se pueda sacar la instrucción de los lugares donde el delito se produce por su trascendencia nacional, "y siempre y cuando se pronostique que ello arrojará unos resultados más eficaces en la persecución del delito".

El portavoz de la APM admitió que los tipos de delitos que, según la propuesta de la Fiscalía, pasarían a la jurisdicción de la Audiencia Nacional pueden tener ese carácter nacional, pero puntualizó: “Que la Audiencia Nacional se haya revelado más eficiente para la investigación de determinadas causas no quiere decir que, dotando convenientemente al resto de órganos judiciales, no se pueda lograr un resultado aún más eficiente”.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

En representación de JpD, Miguel Ángel Jimeno puso de relieve que el sistema judicial español no se concibe como dividido en “la Audiencia Nacional y otros tribunales menores”, sino que “está montado sobre una distribución territorial, que se basa en los jueces de instrucción”.

Jimeno dijo a Servimedia que cree que “la Audiencia Nacional debe tener un papel, también en el futuro”, y reconoció que “facilita las investigaciones y otras cosas”. Pero, a su juicio, ha de reservarse para “casos excepcionales”, con las competencias que ha tenido hasta ahora, y “no se puede llegar al extremo de que desnaturalice lo demás”.

“Creo que es más razonable abordar de una vez quién se va a encargar de la investigación, si los fiscales o los jueces de intrucción”, sentenció.

Finalmente, Marcelino Sexmero, de la Francisco de Vitoria, aceptó que delitos como el tráfico de material nuclear o los delitos contra la instituciones puedan recaer en un órgano centralizado, pero no considera lo mismo de los demás, que son “más comunes”.

Con la asunción de estos delitos, declaró Sexmero a esta agencia, "se cargaría demasiado de competencias a la Audiencia Nacional”, cuando hasta ahora han funcionado bien en el ámbito de las audiencias provinciales.