Según informó la Junta en una nota de prensa, durante la reunión de este órgano asesor, Sánchez Rubio destacó las aportaciones del Consejo en la elaboración de proyectos normativos, como por ejemplo el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, que contó con más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones distintas, abarcando diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales, Tercer Sector y universidades públicas.

Por otra parte, destacó la nueva Ley de Servicios Sociales, donde se recoge la posibilidad de que los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad que sean prestados por la iniciativa privada puedan llevarse a cabo a través de la figura del concierto social diferentes de la contratación del sector público, y en los que serán consideradas de manera preferente, en igualdad de condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, las instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.

En lo relativo a la futura Ley andaluza de Discapacidad, una norma que continúa su trámite parlamentario, entre las novedades subrayó que “se mejora notablemente el tratamiento de las mujeres con discapacidad en la ley, incluyendo un Plan de Atención integral a mujeres con discapacidad”.

“El proyecto inicial recogía sólo un Plan de Acción Integral y un Plan de Empleabilidad”, manifestó Sánchez Rubio, que añadió que “igualmente, se prescriben exigencias de accesibilidad a los centros de información a las mujeres, centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados o el teléfono de información a la mujer”.

Por último, la responsable de las políticas sociales en Andalucía detalló que la futura Ley de Discapacidad promoverá una sociedad más inclusiva y accesible, y contará con una memoria económica de 1.300 millones anuales