En un recurso hecho público este lunes, el Ministerio Público demanda que se imponga a Urdangarin una condena de 14 años y seis meses prisión, en lugar de los seis años y tres meses impuestos por el tribunal. El fiscal del caso, Pedro Horrach, pidió en el juicio para Urdangarin penas que sumaban 19 años y medio de cárcel.

La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó este lunes un recurso de casación que recoge en 105 páginas sus argumentos para solicitar el aumento de la pena que dictó la Audiencia Provincial de Baleares.

ELEVACIÓN DE LAS CONDENAS

La fiscal María Ángeles Garrido propone una condena de 14 años y seis meses de prisión para el yerno del Rey emérito y cuñado del rey Felipe VI por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y otro de malversación, fraude a las administraciones públicas y delito contra la Hacienda Pública.

El tribunal le impuso a Urdangarin la pena más baja en cada uno de los delitos que cometió. Ahora el ministerio público mantiene los dos años de cárcel por delito fiscal y aumenta su petición en el resto de los delitos.

Por el delito continuado de prevaricación se solicita una pena de cuatro años y seis meses e inhabilitación absoluta de nueve años y seis meses. La sentencia le imponía dos años y ocho meses de cárcel.

Por el delito de fraude a la Administración pública, por el que se el condenó a siete meses de cárcel, la fiscal pide cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta. Por tráfico de influencias, por el que le condenaron a un año de confinamiento, la Fiscalía pide ahora una multa y se mantiene la petición de un año de cárcel por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública de los que se le acusa.

CONDENA

Iñaki Urdangarin fue condenado en febrero de 2016 a seis años y tres meses de cárcel, siete años de inhabilitación y una multa de 512.553 euros por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública.

La infanta Cristina, acusada sólo por el sindicato Manos Limpias, fue absuelta de dos delitos de fraude a Hacienda, aunque los magistrados le impusieron el pago de 265.088 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con el dinero conseguido por su marido.