Así se pronunciaron, en declaraciones a Servimedia, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón; el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, y el portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. Avalaron así la versión de Carmena, que negó este viernes que sus concejales estén imputados, por lo que no tendrían que dimitir de sus cargos, algo que reclama el PP y, con menos vehemencia, Ciudadanos.

Rodríguez Padrón dictaminó que “la imputación en el proceso penal es el acto de dirección del proceso contra una persona”, por lo que el que la jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid haya citado a declarar como querellados a Sánchez Mato y Mayer “formalmente no se podría decir que es una auténtica imputación”, cosa que ocurriría cuando “un juez considera a una persona como posiblemente autora de un delito” y “se transforman las diligencias previas en un procedimiento abreviado”. Por tanto, “en puridad no se ha producido la imputación”.

Sobre qué significa que la jueza, Teresa Abad Aranz, haya admtido a trámite la querella, el presidente de la APM dijo que revela que “cuanto se atribuye al querellado puede ser un delito”, pero puntualizó que la inadmisión de plano de una querella sólo se produce cuando “en su relato de hechos se pone de manifiesto una conducta que bajo ningún concepto puede ser un delito”. Es decir, que la querella del PP “no es una elucubración insustancial, pero una querella bien redactada sobre unos hechos que son ciertos, si reúne todos los requisitos formales normalmente se le admite a trámite y al querellado se le da la oportunidad de defenderse”.

En una línea similar, González Vega interpretó que, de momento, “ha habido una querella”, y Sánchez Mato y Mayer “están investigados” y “en principio tienen que declarar como querellados”, por lo que, “al margen del Código Ético” de Ahora Madrid, en términos estrictamente jurídicos “habrá que esperar a la imputación oficial, que es con el auto de procesamiento”, cosa que no se da en las diligencias previas en el ordinario. No obstante, el portavoz de JpD sí reconoció que “hay mucha discusión al respecto sobre cuál es la imputación oficial y el procedimiento abreviado”.

POLÍTICOS CON "FINES ESPÚREOS"

Finalmente, Prado explicitó que “cuando hay una querella, la admisión a trámite significa que al querellado se le otorga derecho a prestar declaración”. Coincidió en parte con el PP en que, cuando se llama a declarar a un querellado, “no puede ir en calidad de otra cosa que la de investigado”, que es el término que ahora ha sustituido al de imputado, pero para matizar que “es el problema de los políticos, que juegan con estos temas” con “fines espúreos”, por saber que cuando uno presenta una querella contra alguien “ya tiene que ser investigado”.

Desde ese razonamiento, sentenció que “cuando hay indicios de criminalidad, cuando hay un auto de procesamiento o procedimiento abreviado, entonces es la imputación formal”, porque ante “el hecho de que una querella puede quedar en nada, lo realmente importante es que después de una serie de investigacinones pueda haber indicios de criminalidad”. Por eso, en el caso de Sánchez Mato y Mayer cree que “no hay una imputación”.

Sobre el hecho de que la querella haya sido admitida a trámite, dedujo que es porque la jueza considera que “tiene verosimilitud” y que “puede haber visos de que sea constitutivo de delito, pero aseguró que las querellas “se admiten salvo que los hechos denunciados carezcan de carácter delictivo o sean absurdos”, por lo que “la admisión de la querella no significa nada”, aunque “suena muy rimbombante”.

Los tres jueces consultados coincidieron también en que Sánchez Mato y Mayer, junto a la e consejera de Madrid Destino Ana Varela, podrán negarse a contestar a las preguntas que se les formulen o incluso a mentir, pues acuden como querellados y no como testigos. Esta posibilidad de acogerse a este derecho fue precisamente la que, según la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, exige la dimisión de los concejales, puesto que, según dijo citando supuestamente a la propia Carmena, rompe la estructura de confianza con los electores.