HRW afirmó que el LRA ha matado a 96 civiles y ha secuestrado a decenas de personas entre enero y primeros de abril de este año, en una "campaña brutal de asesinatos" en el noroeste de la República Democrática del Congo.

Human Rights instó a Obama a que, junto con los gobiernos regionales de África central, desarrolle una estrategia global para proteger a los civiles ante los ataques del LRA y adopte medidas para erradicar la violencia de los rebeldes, después de que la semana pasada el Congreso de Estados Unidos aprobara la semana pasada la Ley de Desarme del LRA y de Recuperación del Norte de Uganda,

"El LRA está matando a civiles y secuestrando a niños a un ritmo alarmante. El presidente Obama puede jugar un papel crucial para ayudar a encontrar soluciones que pongan fin a la violencia del LRA de una vez por todas", dijo Anneke van Woudenberg, investigadora principal de HRW en África.

HRW propuso a Obama que trabaje con las autoridades congoleñas para mejorar los sistemas de comunicación en las zonas con presencia del LRA, lo que podría incluir la financiación de la expansión de las redes de telefonía móvil y estaciones de radio comunitarias.

Expulsado del norte de Uganda en 2005, el LRA opera actualmente en la zona fronteriza entre el sur de Sudán, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

En diciembre de 2008, los gobiernos de la región, encabezados por las fuerzas armadas ugandesas y con la inteligencia y apoyo logístico de los Estados Unidos, iniciaron una campaña militar contra el LRA en el noreste de Congo, que no ha logrado acabar con la violencia o servido para capturar a los líderes del LRA.

La semana pasada, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) mostró su preocupación por el "dramático aumento", tanto en frecuencia como en brutalidad, de los ataques lanzados por el LRA contra civiles en la República Democrática del Congo, Sudán y la República Centroafricana.

Acnur indicó que el LRA ha realizado nuevas incursiones violentas desde el pasado mes de agosto, que han obligado a la reubicación de los refugiados y al desplazamiento de la población local, y que han afectado seriamente las operaciones de asistencia humanitaria.