Los responsables de la federación encargaron esta encuesta para demostrar la necesidad de que los vigilantes jurados lleven armas y tengan la consideración de agentes de la autoridad, condiciones que el Ministerio del Interior pretende anular en la nueva Ley de Seguridad Privada, que empezará a ser debatida en el Congreso el próximo mes de marzo.

Según la FADES, si la ley sale adelante redactada en sus términos actuales, provocará graves efectos eonómicos y sociales en el sector de la seguridad privada, que mueve unos 150.000 millones de pesetas al año.

La federación tratará que durante el trámite parlamentario se mantenga el carácter de agentes de la autoridad para los vigilantes jurados, se reconozcan sus diferencias con el guarda jurado (aquel que no porta armas), no se incluya a los detectives privados y sean rebajadas las sanciones económicas que pretende imponer la ley y que, a su juicio, son extremadamente duras.

Por el contrario, a ley redactada por Interior contempla como principales novedades que los vigilantes ya no son agentes de la autoridad y restringe el uso de armas al transporte de dinero, vigilancia de fábricas y depósitos de explosivos o de industrias o establecimientos peligrosos.

Además, limita la actividad de los vigilantes a servicios complementarios de la seguridad pública, prohíbe que intervengan en conflictos laborales, establece un severo régimen sancionador y estipula que las detenciones las harán como mero ciudadanos.

La mayoría de los encuestados, un 71 por ciento, apuntó que la misión de los vigilantes cuando ocurre un hecho delictivo es detener al delincuente para entregarlo a la policía y un 92 por ciento sabía que portaban armas.

FALSAS ACUSACIONES

Por otro lado, los portavoces de la federación señalaron hoy que la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona estarán "tomados" por agentes, tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como privados, que velarán para que no haya incidetes.

Sin embargo, algunos de ellos irán desarmados para que el público no tenga la impresión de que está rodeado de medidas de protección por todas partes.

Respecto a las acusaciones que señalan a los vigilantes privados de seguridad como un foco de conflictos debido a que, en ocasiones, se extralimitan en sus funciones, apuntaron que hay poquísimos casos y que éstos son exagerados por morbo.

Apuntaron que la mayoría de las empresas del sector no hacen servicios de seguridad en "pubs" y disctecas, lugares donde normalmente se producen los altercados nocturnos, porque no les compensan los riesgos que tienen que asumir.

Para demostrarlo, pusieron el ejemplo de que una discoteca de moda de la costa, donde acude gente con alto poder adquisitivo, se ha puesto de moda tirar las botellas de cerveza vacías al personal de seguridad, que más de una vez ha salido malparado por estos "juegos".