El comunicado conjunto está por la Asociación Profesional de la Magistratura; la Francisco de Vitoria; Jueces para la Democracia; Foro Judicial Independiente; la Asociación de Fiscales; la Unión Progresista de Fiscales; y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Estos colectivos expresan en la nota conjunta su "máxima preocupación ante la incertidumbre" generada en la carrera judicial y fiscal por el recorte salarial anunciado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, estas asociaciones añaden que son "conscientes de la grave situación económica que atraviesa España" y se muestran "favorables a la adopción de medidas negociadas y consensuadas para hacer frente a la crisis, pero rechazamos expresamente la toma de decisiones impuestas unilateralmente e improvisadas".

RIESGO DE DETERIORO

Por este motivo, jueces y fiscales reclaman a Caamaño "la convocatoria urgente de las asociaciones judiciales y fiscales, a fin de obtener una cumplida y concreta información sobre la incidencia de las medidas previstas en el ámbito de la Justicia".

En cualquier caso, estos colectivos exigen que se mantengan las inversiones en Justicia, "sin las cuales tanto la implantación de la oficina judicial como la modernización de la Justicia quedarán seriamente comprometidas, pues no se puede olvidar que somos el país del Consejo de Europa con menor inversión en Justicia por habitante".

Además, jueces y fiscales reclaman al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado "que asuman de una vez por todas sus responsabilidades en la defensa de la Justicia, cuya trascendencia social en un Estado Democrático y de Derecho podría verse afectada ante las medidas de ajuste previstas".

Por último, el comunicado conjunto se refiere a que "la aplicación de las medidas anunciadas de ajuste económico en el ámbito de la Justicia podría deteriorar aun más este pilar básico del Estado cuyo papel en tiempo de crisis adquiere, si cabe, mayor relevancia".