El PP presentó el pasado mes de noviembre una proposición no de ley en el Congreso que instaba al Gobierno a impulsar la aprobación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética “como marco orientativo y de coordinación” para la ordenación de la actividad de la caza .

Esa iniciativa fue debatida y votada el pasado mes de marzo en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja, pero fue rechazada al contar sólo con los votos a favor del PP y de Ciudadanos (que sumaron 17), frente al resto de los grupos (que totalizaban 20).

Después de fracasar en el Congreso, los populares lograron aprobar este martes una moción en el Senado en línea con la iniciativa de la Cámara Baja, gracias a los votos de sus 15 diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, mientras que toda la oposición votó en contra.

El portavoz del PP en esa comisión, Antonio Ángel Clemente, defendió que la actividad cinegética genera 3.700 millones de euros y contribuye “al equilibrio de los ecosistemas y a la recuperación de la fauna y flora silvestre”.

Clemente señaló que “algunas organizaciones de cazadores han demandado el impulso” de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que incluya la armonización de las órdenes de veda en función de la situación geográfica de cada comunidad autónoma, una “concordancia” de las leyes de caza y otras normas, como el transporte de rehalas, y que se extienda la licencia única.

'LOBBY' CINEGÉTICO

Los tres portavoces de la oposición que tomaron la palabra fueron tajantes al rechazar la moción del PP. Así, Graciliano Palomo (PSOE) consideró “evidente” que la iniciativa tenía “una inspiración estrictamente económica y mercantilista” que afecta al “'lobby' del mundo cinegético”, cuando esta actividad “tiene que estar supeditada al mantenimiento y el equilibrio de los ecosistemas”.

“No puede ser en sí misma considerada desde un punto de vista de la riqueza económica porque eso nos podría conducir a una situación de ‘la escopeta nacional’, es decir, a montar granjas de perdices eliminando el resto de la fauna silvestre”, apuntó.

Margarita Quetglas (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) indicó que la moción era “irrelevante” y que se presentó “para contentar al lobby cinetégico”, ya que no incluye “ni por asomo la consideración de la importancia ambiental”, sino que destaca el valor económico de la caza, al tiempo que consideró “más que discutible” que el Estado pueda aprobar una estrategia nacional cinegética porque las competencias son autonómicas.

“No nos fiamos. Han demostrdo que no contemplan la gestión cinegética desde una óptica de una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales, orientados hacia la conservación y puesta en valor de los mismos, sino que exclusivamente ven la caza como una explotación económica”, apostilló.

Por último, José María Cazalis (PNV) apuntó que la gestión de los montes en el País Vasco es competencia de las diputaciones forales, al igual que la caza.