Así lo anunciaron el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

Este nuevo decreto es muy similar al rechazado. La principal novedad es que el Ministerio de Fomento se compromete a aprobar otro real decreto que lo acompañará, en el que se recogerá la mediación llevada a cabo por Marcos Peña.

A este respecto, el ministro De la Serna anunció que probablemente la semana que viene su departamento remitirá a la patronal y los sindicatos del sector el borrador de este real decreto de desarrollo, así como a los grupos parlamentarios.

AYUDAS DE 120 MILLONES

El ministro recordó que dicha mediación contempla garantías para el mantenimiento del empleo de los actuales estibadores, mejoras de productividad y ayudas para prejubilaciones, que podrían alcanzar hasta 120 millones de euros. Para el titular de Fomento, los sindicatos deberían valorar el nuevo real decreto “en esas circunstancias y con los cambios fruto del diálogo”.

Además de una disposición adicional que recoge este compromiso, otros cambios del decreto ley afectan a la posibilidad de que pueda haber convenios de puertos, a la exigencia de contar con el título de Formación Profesional o a la exigencia de realizar prácticas para contar con el certificado de profesionalidad.

También contempla modificaciones en la cotización por contingencias de los contratos temporales de menos de siete días y en la limitación del sistema de manipulación portuaria de vehículos a motor.

Con todo ello, el Gobierno aspira a evitar la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2014, que a fecha de hoy asciende a unos 22 millones de euros y que podría aumentar, si se produce una nueva sentencia condenatoria, a un ritmo de 134.000 euros diarios.

En referencia a la posible anulación de la multa, De la Serna destacó que este nuevo decreto ley ha obtenido también el visto bueno de la Comisión Europea, lo que significa que Bruselas considera que supone el cumplimiento de la sentencia.

Tras su aprobación en consejo de Ministros, el Ejecutivo dispone de un plazo de 30 días para lograr su convalidación en la Cámara baja. Sin embargo, el ministro explicó que su intención es que se someta a votación el próximo jueves, 18 de mayo.

“Somos optimistas en cuanto a su convalidación”, destacó De la Serna, quien rechazó confirmar la existencia de un acuerdo con el PdeCat que permitiría su aprobación.