Lo hizo a través de una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra el próximo 17 de mayo.

“El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Es por ello que el Gobierno, consciente de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) sufren aún hoy una fuerte estigmatización por motivos de orientación sexual e identidad de género, manifiesta su absoluto compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia por dichas causas, consciente de que amparar y respetar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y, por ende, del derecho de la igualdad de trato y no discriminación, es una responsabilidad que el Gobierno asume en cuanto garante de los derechos humanos", indica.

Asimismo, el Ejecutivo recuerda que está elaborando la Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, cuyo objetivo es el reconocimiento y equiparación de facto de los derechos de las personas LGTBI, y la visibilización de la diversidad por identidad de género u orientación sexual, en línea con los instrumentos existentes en otros países europeos.

Dicha Estrategia contiene líneas directrices de actuación y medidas de ejecución, para que dicha igualdad sea real y efectiva en ámbitos específicos como el educativo, el deporte o el laboral, entre otros.

Prestará especial atención a la prevención y sensibilización del acoso homofóbico y transfóbico , promoverá protocolos específicos de atención al colectivo LGTBI, impulsará el reconocimiento social de la diversidad familiar, establecerá medidas para erradicar manifestaciones vejatorias y discriminatorias con especial atención a las personas transgénero, y todo ello bajo los principios de “colaboración y coordinación de acción de los poderes públicos y la sociedad civil”.

De esta forma, el Gobierno considera que "reafirma su responsabilidad en cuanto máximo aval de los derechos humanos, amparando y garantizando una sociedad donde la discriminación, la exclusión, la violencia y la alienación por homofobia y transfobia no tengan cabida, pues el principio de la igualdad de trato no admite excepciones, y respetar y garantizar los derechos de las personas LGBTI es crucial para poner fin a la discriminación que enfrentan”.