El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, denunció al presentar la iniciativa que la morosidad en España duplica la media de la Unión Europea y es "un problema muy grave, una anomalía absoluta" que castiga sobre todo al núcleo del tejido empresarial, las pymes y los autónomos.

Los plazos de pago de las grandes empresas y de la Administración son, indica Cs, "mucho más tardíos" de lo que marca la ley, lo que hace que esas entidades se hayan estado financiando durante muchos años a costa de quienes tienen menos fuerza de negociación y de presión, hasta el punto de que muchas empresas solventes han tenido que cerrar por falta de liquidez debido a esa tardanza en los pagos.

Frente a los 60 días que marca la ley para los pagos entre empresas y 30 en el caso de la Administración, la media de pagos está en 77 y 71 días, respectivamente.

Después de años de "promesas vacías" por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de su ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, Ciudadanos considera urgente implementar ese régimen sancionador no con ánimo recaudatorio sino impulsor del cumplimiento de la ley.

La propuesta presentada por Ciudadanos busca "dotar de una mayor claridad" a los conceptos de la propia ley y "delimitar de manera más precisa" los términos, por ejemplo de su ámbito de aplicación o de supuestos de nulidad de cláusulas contractuales.

Prevé el establecimiento de un Sistema Arbitral de Morosidad al que todas las empresas que se hayan adherido podrán someter de forma ágil y gratuita las controversias que surjan entre ellas en relación con el incumplimiento de las obligaciones legales.

OBSERVATORIO ESTATAL

Las empresas y las administraciones tendrían que hacer públicos los plazos medios de pago a sus proveedores, como método de promoción de la transparencia y para reforzar el cumplimiento de los plazos legales.

Un Observatorio Estatal de Morosidad, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, sería el encargado de asesorar, evaluar y elaborar informes y propuestas de actuación en la materia.

Mediante el 'Buzón de lucha contra la morosidad', gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cualquier persona podría denunciar los incumplimientos de los plazos legales de pago, y el ejercicio de la potestad sancionadora correspondería a órganos designados por las comunidades autónomas.

Sería infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de 20 días, y muy grave excederlo en más de 60. Las sanciones se graduarían atendiendo a diversos criterios para ajustarlas de manera fidedigna a la gravedad de la infracción.

Así, entre esos criterios Ciudadanos incluye el hecho de que la conducta infractora se realice con el fin de propiciar un medio de financiación habitual y recurrente; la existencia de fraude o connivencia entre el infractor y el acreedor; el incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la autoridad inspectora; el número de días en que se exceda el plazo de pago legalmente establecido; el importe de la operación comercial; la capacidad y la solvencia económica del infractor; la importancia del daño y perjuicio sufrido por el acreedor; o que la afectada sea una microempresa, pequeña y mediana empresa.

La propuesta prevé, no obstante, que los sujetos sancionados puedan solicitar una reducción en el importe de las sanciones, siempre que el sujeto infractor salde las deudas pendientes que hubiesen motivado la sanción en un plazo máximo de tres semanas.

Las microempresas, pequeñas y medianas empresas que fuesen sancionados podrían solicitar una reducción del cien por cien del importe de la sanción impuesta, siempre y cuando justifiquen de forma fehaciente ante el órgano sancionador competente que ellas mismas son a su vez acreedoras de deudas por un importe total superior a las deudas pendientes de pago que hubieran motivado la sanción impuesta.