Los cinco vocales de la Comisión Permanente -Carlos Dívar, Manuel Almenar, Margarita Robles, Antonio Dorado, Almudena Lastra- acordaron, tras poco más de una hora de reunión, pedir hasta cinco nuevos informes “para disponer de los necesarios elementos de juicio” con respecto a la solicitud de Garzón, según explicaron desde el Consejo.

Entre otras cosas, el CGPJ ha decidido comunicar a la Fiscalía del TPI la suspensión cautelar decretada contra Garzón para saber si, a pesar de ello, mantiene la oferta de trabajo al magistrado. También solicitan que comunique si el puesto ofrecido a Garzón “lleva implícita algún género de imnunidad procesal”.

Según el Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento del TPI, el puesto en el que se integraría Garzón -consultor externo de la Fiscalía- no goza de ningún tipo de inmunidad procesal, algo que si disfrutan los magistrados y fiscales de la Corte. Garzón sólo tendría inmunidad “para el cumplimiento de sus funciones”.

La Comisión Permanente también ha decidido solicitar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se pronuncie sobre si la nueva situación de Garzón “afecta al curso de las actuaciones” abiertas contra el magistrado.

De forma complementaria, los vocales han acordado pedir a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Secretaría General del propio CGPJ informes sobre la pertinencia de conceder a Garzón el permiso de servicios especiales solicitado a la vista de su nueva situación admnistrativa.

El Consejo trata así de saber si existe una fórmula para sortear los problemas legales que genera la singular situación de Garzón. En un principio se pensaba, según explicaron en su momento varias fuentes del CGPJ, que la suspensión cautelar de Garzón podría truncar sus planes de trasladarse TPI ya que el permiso de servicios especiales solicitado no se podría tramitar debido a que esta figura sólo se puede aplicar a jueces y magistrados que se encuentren en activo.

Los vocales de la Comisión Permanente volverán a reunirse “de inmediato” una vez se hayan recibido todos los informes solicitados. Tendrá que tomar una decisión definitiva y determinar si permiten o no que el juez trabaje en la Fiscalía del TPI.

MANIFESTACIÓN DE APOYO

Mientras los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ se reunían para decidir el futuro de Garzón, varios centenares de manifestantes se congregaron frente a la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con el magistrados y criticar su suspensión.

La manifestación, en la que se encontraba el coordinador general de IU, Cayo Lara, estaba presidida por una gran bandera republicada y se podían ver carteles con fotos de víctimas del franquismo y escuchar gritos de “¡qué vergüenza!”, “fuera fascistas de la judicatura” y “gürtel, gürtel”.

Garzón se encontraba en esos momentos dentro de la Audiencia Nacional, a donde acudió a recoger de su despacho sus efectos personales. Varios de sus colaboradores abandonaron los juzgados portando cajas, cuadros e incluso figurillas.

Esta mañana, Garzón abandonó sobre las 14.00 horas la Audiencia Nacional, donde ha estado destinado 23 años, tras conocer telefónicamente la decisión del Consejo de suspenderle cautelarmente. El magistrado, visiblemente emocionado, fue arropado en su salida por su mujer, por los funcionarios del que hasta ahora era su juzgado y por varios de sus compañeros, como los jueces Santiago Pedraz o Fernando Andreu, quienes le despidieron entre aplausos.

Fuentes del CGPJ explicaron que la resolución completa de la suspensión de Garzón fue remitida a la Audiencia Nacional sobre las 19.30 horas. Este trámite supone el apartamiento formal de Garzón de sus funciones.

Sobre las 20.56 horas, el magistrado Garzón abandonaba las dependencias de la Audiencia Nacional, adonde regresó esta tarde. Allí le esperaban centenares de ciudadanos a los que, antes de introducirse en su vehículo oficial, saludó con la mano.