Con esta nueva ley, que el Gobierno quiere que entre en vigor el 1 de enero de 2011, se traspone al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo establecido por la directiva europea de 2008, en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios.

La nueva ley, que pasa así al Congreso, establecerá el régimen aplicable a la prestación de los servicios postales, garantizará el correcto funcionamiento del mercado postal, la prestación de un servicio postal universal de calidad, la protección de los derechos de los usuarios y los trabajadores del sector, y culmina el proceso de realización plena del mercado único iniciado hace más de diez años.

Para garantizar un servicio postal universal de calidad -que incluye las cartas, tarjetas postales y paquetes de hasta 10 kilogramos tanto ordinarios como certificados- el proyecto de ley regula todos los aspectos, ya sean materiales como de principios, a los que debe atenerse la prestación por parte de Correos.

La norma contempla también un sistema de financiación que garantiza la suficiencia de recursos para hacer frente a la carga financiera que tiene que soportar el operador designado. Así, además de la contribución que todos los operadores y usuarios deben realizar, se establece una aportación del Estado para garantizar la suficiencia de recursos.

Los derechos de los usuarios de los servicios postales es el segundo de los elementos esenciales que desarrolla el proyecto de ley. Algunos de estos derechos son nuevos, otros aparecen ahora elevados al rango de ley y todos ellos quedan sistematizados y garantizados por la misma.

Así, a los tradicionales derechos al secreto e inviolabilidad de la correspondencia, a la propiedad de los envíos o a la protección de datos, se suman el derecho a la información sobre los servicios postales, el de reclamación y denuncia, el derecho a la identificación del operador y el de protección de los envíos no entregados.

Por otro lado, de acuerdo con las directrices comunitarias se pone fin al área reservada a Correos y Telégrafos, acabando con el monopolio del operador público en los envíos interurbanos.

Finalmente, se contempla el respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores postales en el convencimiento de que en un sector tan intensivo en mano de obra, como es el postal, únicamente puede hacer frente a los retos que se le presentan con un empleo de calidad.