También coincidieron en negar que Varela haya procedido con mala intención adelantándose a la tramitación de la solicitud de traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) cursada por Garzón.

En declaraciones a Servimedia, los portavoces de las cuatro asociaciones recalcaron el carácter automático del procedimiento. El más rotundo fue Ignacio Espinosa, representante de Jueces por la Democracia (JpD), precisamente la asociación a la que pertenece Varela desde su creación y de la que también fue socio fundador el propio Garzón, quien sin embargo sólo permaneció en ella unos meses y desde entonces no está afiliado a ninguna.

"Con toda seguridad lo van a suspender, no le queda otra al CGPJ", pronosticó Espinosa, argumentando que la suspensión se aplica al abrirse el juicio oral por un presunto delito en el ejercicio de sus funciones y que el procedimiento está muy "reglado" y se ha ejecutado así con otros magistrados, como Fermín Calamita, Javier Gómez de Liaño y otros muchos menos conocidos. "Siempre se actúa igual. No tiene otra posibilidad de hacerlo. Lo van a suspender aplicando la ley", concluyó.

El portavoz de JpD explicó que la solicitud de traslado de Garzón no ha podido tramitarse con más celeridad porque ha habido que pedir informes al Ministerio de Asuntos Exteriores, por el carácter internacional del TPI, y a su fiscal Luis Ocampo para concretar qué funciones iba a desempeñar Garzón en La Haya. Por el contrario, los recursos contra las resoluciones de Varela no acarrean la detención del proceso. Espinosa negó por tanto que "haya mala idea" en Varela, de quien dijo que "cumple con su obligación".

Desde la Francisco de Vitoria , Marcelino Sexmero reconoció que, en principio, cualquier juez que no esté sometido a suspensión puede pedir una comisión de servicios especiales y el CGPJ no tendría por qué denegarla, pero aclaró que "si la suspensión llega antes, entonces no cabe esa situación. Es una cuestión de mero número de entrada; el CGPJ tendrá que decidir si primero aprueba la comisión de servicios especiales o la suspensión".

Respecto a si Garzón y Varela compiten para adelantarse al otro, Sexmero no quiso "entrar en valoraciones personales sobre lo que quiere un juez", porque "pertenece al ámbito interior del pensamiento del afectado". Se limitó a constatar que la apertura del juicio lleva "irrevocablemente" a la suspensión, salvo que el magistrado ya no esté en funciones, porque se suspenden las funciones, no la condición de juez. Ésta cesa si hay sentencia condenatoria y, de ser trasladado, Garzón "ya no estaría en su juzgado", ironizó.

FAVORITISMO Y ÉTICA

A estas consideraciones, Antonio García (Asociación Profesional de la Magistratura, APM) y Conrado Gallardo (Foro Judicial Independiente, FJI) añadieron otras dos: la crítica por el carácter especial que parece otorgarse al caso de Garzón respecto a otros jueces y las dudas sobre si procede que un magistrado demandado tres veces por prevaricación tenga un puesto en el TPI.

"Se está generando un clima de excepcionalidad que no nos parece nada bueno", observó el primero, señalando que a Garzón, "de forma querida o no querida por él", se le "dispensa un tratamiento diferente al que se habría dispensado a otro que no fuera él", y, "dado que todos sus derechos procesales están siendo respetados, tiene que ser tratado con la misma vara de medir que cualquier otro". "Estamos convirtiendo esto en un tema casi nacional, y esto no puede ser", lamentó.

Por lo demás, al portavoz de la APM no le parece que, con tres causas abiertas, sea "razonable" autorizar a Garzón el traslado al TPI. Tampoco cree que Varela haya querido impedirlo. "Todo lo que ha hecho es absolutamente pulcro desde el punto de vista legal", garantizó, pues la apertura de juicio era "la resolución que procesalmente correspondía". Criticó que se le reproche ser "eficiente" y añadió que "no cabe presuponer de manera absolutamente caprichosa que esté intentando presionar al CGPJ. Para nada".

Por fin, Conrado Gallardo se declaró "un poco aburrido del tema", porque, "para los problemas que tiene la Justicia española, Garzón es una cosa completamente marginal". A su juicio, "el CGPJ debería haberle suspendido hace mucho tiempo", cuando el Supremo admitió a trámite las tres causas.

"Es lo que se ha hecho con otros jueces en otros casos y a todos nos ha parecido bien", recordó, achacando al CGPJ "falta de imparcialidad" y "una sensibilidad enorme a intereses políticos que no tienen nada que ver con la Justicia". A la "inacción" del CGPJ atribuyó Gallardo el concurso "un poco ridículo" que parece haber entre Varela y Garzón.

Una rápida suspensión habría evitado la polémica de la coincidencia temporal con el traslado, pero para el portavoz del FJI "éticamente es discutible" que se le pueda autorizar a Garzón cuando se niegan permisos a otros jueces sólo por tener atrasos en su juzgado.

Gallardo cree que sería extraño "decir que en España no está capacitado para ser juez y sí lo está para trabajar en el TPI". "Si quiere otro puesto, debería ser suspendido y aceptar otra oferta a título personal", sugirió.