Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García comentó que esperarán a enterarse de “cuál va a ser alcance y en qué medida va a afectar” el recorte al colectivo judicial, pues no tienen “una idea exacta de las consecuencias retributivas”.

No obstante, y a la espera de lo que digan los afiliados, comentó que “a ningún trabajador le gusta o le parece especialmente edificante que sus retribuciones se vean sustancialmente mermadas” y luego congeladas en 2011.

“Siempre parece que somos los funcionarios los que tenemos que hacernos responsables de todas las penurias”, protestó, llamando la atención sobre el hecho de que “cuando las cosas van viento en popa”, no son ellos los que resultan “especialmente favorecidos”, en comparación con otros sectores.

El portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, calificó de “brutal” una regulación que, aun desconociéndolo, dio “por seguro” que afectará también a los jueces y calculó en “una media de 400 euros netos al mes”. Además, advirtió de que “la medida no ayuda a solucionar la crisis, porque afecta al consumo”, y afirmó de que “el Gobierno podía haber recortado otras partidas para reducir el deficit sin tener que acudir a la nómina de los funcionarios”. “Vamos a pedir explicaciones”, adelantó, por todo elllo.

Desde Jueces por la Democracia, Ignacio Espinosa anunció que ya se han dirigido al Ministerio de Justicia para saber cómo va a repercutir esa medida en los jueces y si va a ser lineal o no. “Hay cálculos de que va a ser un 8%”, avisó, añadiendo que el recorte es, además, “un incumplimiento manifiesto” de la ley de retribuciones de 2003, que preveía una actualización de los salarios a los cinco años, en mayo de 2008.

Lamentó que reducir el sueldo de los funcionarios “es lo más fácil para el Gobierno, que es el pagador”, y que este sector es “la parte más debil, los paganos de la situación”. Por contraste, recordó que los gobiernos se volcaron en inyectar dinero a los bancos y sin embargo éstos siguen sin conceder créditos a las empresas y los ciudadanos.

Por último, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, fue taxativo al valorar la reducción: “Un desastre. El Gobierno ha retrasado las medidas contra la crisis y al final vamos a pagar los de siempre: el sector público, que es lo sencillo y lo fácil. Me parece injusto”.

Además, diagnosticó que “si se hubieran hecho bien cosas, no habría habido que llegar a esta situación”. Y alertó de que, “en tiempos de crisis, hacer recortes en seguridad y justicia es un gravísimo error”, para hacer frente a los problemas derivados de la situación. “Que se supriman coches oficiales y trayectos superfluos”, propuso como alternativa.