Canal. Anticorrupción pide prisión para Ignacio González
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Los fiscales Anticorrupción del caso `Lezo´ piden prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que ha declarado este viernes ante el juez Eloy Velasco durante cerca de tres horas, en las que se ha limitado a negar los hechos que se le imputan.
Entre otros asuntos, el juez le achaca irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, en concreto la compra en 2013 por Inassa, filial sudamericana de la empresa del agua, de la compañía brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, por un precio muy superior a su valor real, que supuso una pérdida de 25 millones de dólares para la empresa pública madrileña.
González ha negado también haber cobrado comisiones por la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal en el centro de Madrid y por la adjudicación de tren de Navalcarnero que nunca se construyó. En estos asuntos también participaron su hermano, Pablo, y a su cuñado, Juan José Caballero, que también han comparecido hoy ante el juez y se han acogido a su derecho a no declarar.
El magistrado ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González. Desde la Audiencia Nacional ha sido trasladado a la prisión de Soto del Real, en Madrid.
La Fiscalía había pedido esta medida cautelar para el presidente de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II. Velasco tomó declaración esta mañana a Rodríguez Sobrino y a la secretaria del expresidente madrileño, Clarisa Cuevas, a la que ha dejado en libertad. Rodríguez Sobrino es el primero de los detenidos en la `operación Lezo´ que es enviado a prisión provisional sin fianza.
El juez cree que fue el responsable de las propuestas para que el Canal invirtiera en 2013 un total 31 millones de dólares en la compra de la brasileña Emissao, empresa que fue "hipervalorada ficticiamente", hasta el punto de que su patrimonio neto al cierre de aquel año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años había descendido a 5 millones de dólares.
Aún tienen que comparecer ante el juez, el consejero de la constructora OHL Javier López Madrid, yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, sospechoso de pagar una comisión de más de 1,4 millones de euros a González, por la adjudicación del tren de Navalcarnero. También está pendiente el interrogatorio del Responsable de la Agencia Informática de Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás.
(SERVIMEDIA)
21 Abr 2017
SGR