La Benemérita dispondrá en el puerto de la Ciudad Condal de un nuevo edificio de 631 metros cuadrados, gracias a un acuerdo firmado este jueves entre representantes del Ministerio del Interior y de esta instalación de la capital catalana.

En concreto, el acuerdo fue ratificado por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra.

Según informaron a Servimedia fuentes de Interior, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha costeado los 3.291.635,84 euros que ha conllevado la construcción del edificio y del muelle de atraque de embarcaciones de las nuevas instalaciones de la Guardia Civil, que ya estaba presente en el lugar.

En el convenio se indica que era “de mutuo interés” para ambas instituciones el ampliar el espacio de la Benemérita en el puerto barcelonés, con el fin de poder disponer de un nuevo edificio que pueda acoger “los efectivos, equipamientos y embarcaciones” del Servicio Marítimo del Instituto Armado en la provincia de Barcelona.

“VERTEBRACIÓN TERRITORIAL”

Durante la firma del acuerdo, Nieto destacó que Barcelona es una “ciudad global” y que “esa idea global e integradora es la que tiene que presidir también la política de seguridad, tanto en Cataluña como en el resto de España”.

El secretario de Estado añadió que la firma de este acuerdo “es un excelente ejemplo de colaboración entre las distintas administraciones para prestar un servicio más eficiente y de mayor calidad a los ciudadanos”.

El ‘número dos’ de Interior también se refirió a que “la Guardia Civil en Cataluña, como el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tiene encomendada la función constitucional de proteger y garantizar las libertades de los ciudadanos, al tiempo que favorece la vertebración e integración territorial, dando permanencia y continuidad a este importante servicio público que es la seguridad”.

Añadió que “el compromiso con la seguridad pública en Cataluña es una tarea compartida y, por tanto, tiene que ser coordinada”. Por ello “las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de compaginarse con las atribuciones propias de la policía autonómica catalana y con las de las policías locales, ofreciendo al ciudadano un servicio público integral, eficaz, coherente y de calidad”.