El delegado del Área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, compareció en la rueda de prensa posterior a la Junta para esbozar los argumentos del Ayuntamiento para seguir adelante con su política de aumento del gasto social en un 33%. El más importante de ellos es que la liquidación de los presupuestos de 2016 se saldó con un superávit fiscal de 1.022 millones.

A partir de ahí, Mato reconoció el exceso de 233 millones en el gasto, pero atribuyó 101 de ellos a indemnizaciones debidas a actos cometidos por el anterior gobierno municipal, y otros 70 a que al pasar la EMVS de vender a alquilar sus viviendas, éstas constan como inmovilizadas y no como existencias, lo que computa peor aunque no suponga una merma real de patrimonio. Finalmente, otros 1,8 millones se deberían a la penalización por amortizar deuda de forma anticipada, cuando ello reduce los intereses que tendrán que abonar las arcas municipales.

El Ayuntamiento, continuó Mato, desembolsa 428 millones por gastos derivados de competencias impropias que, si las ejerce el Ayuntamiento, deben ser compensadas por el Ministerio o la Comunidad de Madrid.

Por tanto, el Ayuntamiento, con el acuerdo de Ahora Madrid y el PSOE, ha optado por exigir al Gobierno y la Comunidad cambios normativos para que reciban financiación por estas competencias impropias, y al primero que permita por real decreto que los municipios destinen su remanente de tesorería a inversiones financieramente sostenibles, ya que si así fuera 159 millones de inversiones para este año dejarían de computar en la regla de gasto (el Ayuntamiento sólo ha podido meter bajo este concepto 104 de los 263 millones previstos para inversiones).

El Plan Económico Financiero se llevará a la Comisión de Economía y Hacienda y luego se aprobará en el Pleno de marzo, donde el PSOE presentará enmiendas que Ahora Madrid aceptará, antes de enviarlo al Ministerio. Mato reconoció que no puede adelantar lo que hará el Gobierno central, pero aseguró ser optimista. Si Hacienda no diera luz verde, dijo que espera que lo haga rebatiendo económicamente el documento, y no con un rechazo no argumentado de dos líneas como con el plan anterior.