La iniciativa fue fruto de una proposición no de ley presentada por la diputada del PP María Jesús Moro, quien incorporó luego las enmiendas que habían presentado PSOE y Ciudadanos. También dieron su apoyo el PNV y Foro Asturias, por lo que finalmente fue aprobada con 269 votos a favor, ninguno en contra y 68 abstenciones.

El texto pactado por estos tres partidos pide al Ejecutivo elaborar, en el plazo más breve de tiempo, “un protocolo específico de actuación para los supuestos de sustracción internacional de menores, adaptado a los principios y normas que establecen nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales en esta materia”.

Asimismo, a petición de la diputada del PSOE Sonia Ferrer, se incluyó en el texto reclamar al Gobierno que el protocolo haga referencia “especialmente” a la relación de la violencia de género con muchos casos de sustracción de menores. Se busca con ello lograr “un tratamiento adecuado a estas situaciones”.

“BASES DE DATOS COMUNES”

Además, estos tres partidos instan al Gobierno a “reforzar la cooperación con otros Estados firmantes del Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores a fin de mejorar la agilidad y eficacia de las comunicaciones”.

Se pide también al Gobierno “seguir impulsando los programas formativos y de reciclaje profesional necesarios para que todos los profesionales implicados” en el sistema judicial para afrontar mejor el problema de la sustracción de menores.

Asimismo, tal y como reclamaba la diputada de Ciudadanos María Virginia Millán, se demanda al Gabinete de Mariano Rajoy a establecer “bases de datos comunes en todo el territorio nacional”, con idea de que esto ayude a encontrar a niños sustraídos por alguno de sus progenitores.

En lo que respecta a otras fuerzas política, Sara Carreño, de Podemos, anunció que su partido se abstendría respecto a la iniciativa de los populares, puesto que era un “brindis al sol” al no contener medidas concretas, al tiempo que incluía una exposición de motivos propia de la Conferencia Episcopal o Hazte Oír. Esta diputada dijo que era así porque los populares hablaban de los casos de menores sustraídos tras romperse matrimonios, pero sin hablar de otras uniones familiares.

En una línea similar se pronunció Ester Capella, de ERC, quien dijo que la proposición no de ley del PP era “perfectamente votable”, pero “inocua”, ya que los populares son los que gobiernan y han tenido tiempo para impulsar el protocolo contra la sustracción internacional de menores.