En declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en una jornada parlamentaria sobre Empleo y Discapacidad, Jiménez explicó que la mayor parte de las materias que competen a su departamento, tanto Sanidad como las políticas sociales, están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que dependerá de ellas el recorte del gasto.

Así ocurre con la mayoría de las competencias “salvo la dependencia”, que depende en un 50% de los gobiernos autonómicos y en un 50% del Ejecutivo central.

En este caso, Jiménez apuntó que “vamos a mirar en qué ámbitos podemos contribuir a ese objetivo de reducción del déficit”, pero “sin que afecte a la prestación efectiva de los servicios y los derechos ya aprobados”.

La ministra recordó que estos derechos son obligaciones adquiridas por ley, por lo que para “retrasar la entrada en vigor de la ley o para frenar la propia ley habría que hacer un cambio legislativo”.

Por esta razón, concluyó que desde su ministerio “trataremos de buscar soluciones, pero en principio no contemplamos que haya que frenar la puesta en marcha de la ley, ya que eso afectaría a personas que en estos momentos son los más vulnerables”.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, añadió que, en principio, las políticas sociales no se verán afectadas por este recorte de unos 15.000 millones de euros adicionales en dos años, pero agregó que “en todo caso hay que esperar a los próximos días para que Hacienda concrete ese recorte para corregir el déficit”.