Según el Consejo de Europa, esta declaración supone el primer intento internacional de crear un marco sobre esta cuestión y un paso adelante en la actualización de los principios de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos para la información digital.

Asimismo, se examina cómo las partes implicadas, concretamente los proveedores de servicios de Internet, los fabricantes de material informático, gobiernos y sociedad civil, pueden cooperar en los niveles nacional e internacional.

La declaración también abarca los temas de la censura por parte de los Estados o del sector privado, la protección de las informaciones, los contenidos y los datos del tráfico de las comunicaciones electrónicas, la formación para permitir a todos realizar un análisis crítico de la calidad de las informaciones, la ética de los medios de comunicación, y el uso de las tecnologías de la información para la democracia y libertad de reunión en el ciberespacio.