"Con un acuerdo de ambos organismos, CRUE y Ministerio de Empleo, la nomenclatura de dichos contratos fue modificada para encuadrarlos en el epígrafe 420 relativo a contratos en prácticas, en lugar de en el 401 sobre contratos temporales (en el que se incluían tradicionalmente, en consonancia con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación). Y repentinamente, también con la aquiescencia de ambos estamentos, dicho cambio contractual ha sido revertido por decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de fecha 3 de marzo de 2017", señala el sindicato en un comunicado.

Para la central, este problema contractual específico, que ha afectado ahora a los becarios predoctorales, "apenas constituye un ejemplo más de la inadmisible inestabilidad y precariedad laboral existentes en las universidades y centros públicos de investigación".

UGT cree que lo lo peor de la situación de los becarios y otros profesores e investigadores actuales (ayudantes, contratados doctores, profesores interinos, etc.) no es tan solo el epígrafe en que se sitúa su actual contrato laboral, "sino la gran incertidumbre y precariedad que, si no se le pone remedio, amenazan su futuro profesional y laboral".

Por ello, tanto para evitar problemas contractuales análogos al ahora suscitado como para prevenir con carácter general actuaciones "arbitrarias y erráticas" en relación con el conjunto del personal de las universidades y centros de investigación, UGT reclama el desarrollo urgente, con la debida participación de los agentes sociales, del Estatuto del Personal Docente e Investigador, "como garantía de la necesaria previsibilidad y seguridad jurídica que debe existir en el desarrollo y evolución de su carrera profesional".