Frente a la argumentación del juez de que las personas transexuales “podrían sentirse menospreciadas”, esta asociación contestó que en el autobús no hay "afirmación a favor ni afirmación en contra de la identidad sexual”, y que impedirle circular es "perseguir a la disidencia".

Además, Hazte Oír sostiene que el delito imputado, "menosprecio por identidad sexual", es “de imposible realización, pues nadie puede negar la identidad de nadie”. En suma, alega que esta asociación está siendo sometida a una “campaña de acoso y derribo” impulsada por determinados políticos de diferentes partidos que está “induciendo un clima de odio y resentimiento” que ha tenido como consecuencia numerosas amenazas de muerte contra miembros de Hazte Oir a través de las redes sociales, por lo que serían esos políticos los que “presuntamente han incitado al odio”.

El presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, advirtió de que "es la libertad de expresión la que está ahora mismo en juego", por lo que "no ha sido secuestrado sólo el autobús sino también un derecho fundamental”.