En su último informe anual, correspondiente a 2016 y hecho público este jueves, la JIFE dedica un apartado a España porque el año pasado examinó la situación de la fiscalización de las drogas en este país y las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar los tratados internacionales relativos a esta materia.

El informe indica que el cannabis sigue siendo una sustancia fiscalizada en la legislación española y su tenencia, consumo y cultivo son punibles con sanciones penales con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. “Sin embargo, la Junta observa con preocupación que siguen proliferando los ‘clubes sociales de cannabis’ en varias comunidades autónomas de España”, añade.

El Gobierno ha informado a la JIFE de que a las entidades que operan en una comunidad autónoma se les exige que se inscriban en el registro de asociaciones de esa región, si bien el País Vasco es la única que cuenta con un registro.

El informe señala que el Gobierno español no ha apoyado ninguna iniciativa para regular ni autorizar esos clubes y que las asociaciones que persiguen fines o utilizan medios tipificados como delito son ilegales, por lo que la Fiscalía General del Estado coordina la investigación de las entidades que presuntamente distribuyen cannabis.

Sin embargo, la JIFE indica que la creación de ‘clubes sociales de cannabis’ “no es conforme” con la Convención de 1961, que dispone la obligación de los Estados de limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos, ni con la Convención de 1988, que exige a los países que adopten las medidas necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente.

El Gobierno español informó a la JIFE de medidas adoptadas o previstas para detener la propabación de los ‘clubes sociales de cannabis’ en varias comunidades autónomas, como la denegación de la autorización para inscribirse en el registro de asociación y la remisión de las solicitudes de inscripción a las autoridades fiscales, así como la creación de la Fiscalía Especial Antidroga o plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por las comunidades autónomas para la creación de esos clubes.

“La Junta alienta al Gobierno de España a seguir adoptando todas las medidas prácticas para fiscalizar el cannabis de conformidad con las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas, teniendo presente que el cannabis está sujeto a medidas de fiscalización especiales debido a su inclusión en las Listas I y IV de la Convención de 1961”, indica el informe anual de la JIFE.

OTRAS DROGAS

Por otro lado, la JIFE indica que, si bien la prevalencia del uso de nuevas sustancias psicoactivas es baja y el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías considera que el consumo de tales sustancias es un fenómeno minoritario en España, existen indicios de que pequeños grupos de consumidores de drogas de alto riesgo que solían inyectarse heroína han pasado a consumir nuevas sustancias psicoactivas por inyección.

España ha informado a la Junta de que en los últimos 10 años ha logrado reducir considerablemente la tasa de consumo de cocaína y que ha registrado un descenso de la prevalencia del consumo de heroína desde 2013, revirtiéndose así la tendencia anterior al aumento del uso indebido de esa droga, que había contribuido al crecimiento de la tasa de infección por el VIH.

El Gobierno ha afirmado a esa agencia de la ONU que uno de los principales retos que sigue afrontando es la elevada prevalencia del uso de cannabis en algún momento de la vida, que s se sitúa por encima del 30%, si bien los estudios realizados en España muestran que la prevalencia del consumo de cannabis ha disminuido o se ha mantenido estable a lo largo del último decenio.

España tiene más de 500 centros acreditados de tratamiento y rehabilitación de la drogodependencia. Además, las prisiones cuentan con unidades de tratamiento y rehabilitación de drogodependientes, ofrecen servicios de distribución de jeringuillas y garantizan la administración de la terapia de sustitución con opioides.

La JIFE recalca que hay “varios retos importantes pendientes”, como que España sigue siendo uno de los puntos principales de entrada y tránsito de las drogas introducidas ilícitamente en Europa, al notificar la incautación de casi 16 toneladas de hierba de cannabis, más de 380 kilos de resina de cannabis y más de 21 toneladas de cocaína en 2015.

“El tráfico de drogas sigue dificultando considerablemente la labor del Gobierno para afrontar el problema de las drogas. En España se siguen desmantelando laboratorios clandestinos, donde se realizan incautaciones de gran volumen. La Junta alienta al Gobierno de España a que prosiga sus actividades contra las drogas, en particular las dirigidas a combatir el cultivo ilícito y el tráfico de cannabis en el país, y afirma que está dispuesta a prestarle toda la asistencia que pueda”, concluye.