Esta ley sustituirá al anterior texto, de 1986, y tratará de diseñar una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer talento científico.

También buscará reducir la burocratización del sistema y eliminar “barreras” a la movilidad de los investigadores.

España cuenta actualmente con seis veces más investigadores que en 1986 y ha multiplicado por 14 los fondos dedicados a la I+D+i desde ese año.

Según afirmó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta norma permitirá a España “consolidarse entre los países con más producción científica del mundo”.

Según dijo, el texto impulsará la carrera de los investigadores “desde la estabilidad y la excelencia”, la coordinación entre administraciones y comunidades autónomas, “cuenta con la comunidad científica y tecnológica” y crea “un marco de referencia fundamental”, en referencia a la Estrategia de Ciencia y Tecnología.

“Es una norma importante con la que vamos a mejorar nuestra capacidad para que en España el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso”, subrayó De la Vega.

Según recordó, la ley prevé también “dos importantes instrumentos de financiación”: la Agencia Estatal de Investigación, “orientada al fomento y al conocimiento”, y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, destinado “fundamentalmente a la innovación”.

El Ejecutivo reiteró su “voluntad de aprobarla con el mayor consenso posible”, y asegura haber refrendado el proyecto de ley incluyendo “sugerencias adicionales de muchos colectivos recogidas en las últimas semanas”.

Entre otras cuestiones, la ley incluye un contrato de acceso para investigadores posdoctorales que permitirá incorporarse al sistema público de I+D, y recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, “algo que muy pocos países contemplan”.

El texto aprobado reconoce también específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los Organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

Entre otras cuestiones, contempla que las Administraciones públicas tengan, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la Ciencia.

Por otra parte, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica incluirá medidas para fomentar la divulgación científica y tecnológica y de la actividad de museos y planetarios, además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico.

COMITÉ DE ÉTICA

También se creará el Comité Español de Ética de la Investigación órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas.

En este último punto podrá establecer los principios generales para elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación.

Otra de las intenciones de la ley es mejorar “una de las carencias del sistema español de I+D+i”: la cooperación entre agentes públicos y privados.

Así, prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.

Finalmente, recoge aspectos trasversales, “pioneros en muchos aspectos”, como el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica; la incorporación de la cooperación científica y tecnológica al desarrollo en proyectos de colaboración con países prioritarios para la cooperación española o la publicación en abierto de las investigaciones realizadas con fondos públicos.