Así lo indicaron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados para pedir el apoyo de los diputados para esta iniciativa.

Ante una situación en la que más de 4 millones de personas están en desempleo y más de un millón de hogares con todos sus miembros parados, desde UGT Álvarez indicó que se trata de una iniciativa para la que “sobran razones”.

Los requisitos básicos de la prestación son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La prestación tendría una cuantía de 426 euros al mes, correspondiente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), con la posibilidad de incrementarse cuando existan cargas familiares, y se financiaría con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, en la iniciativa se incluye un mandato al Gobierno para que apruebe en el plazo de un año un proyecto de ley que reordene las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo “con el objetivo de corregir los desequilibrios existentes en la cobertura de las diversas situaciones”.

El líder de UGT indicó que esta prestación podría sustituir a otras que actualmente se pagan, con lo que el coste es aproximado.

“Se trata de poder conseguir que tenga un carácter permanente y un carácter universal de acuerdo con las condiciones de acceso a la protección” de esta prestación y “esta es una gran oportunidad” para ello, añadió.

Álvarez pidió el apoyo para esta ILP, ya que “este seguramente que es el parlamento más plural en la historia de la democracia de este país”.

Por su parte, el líder de CCOO agregó que esta iniciativa trata de “garantizar que se complete nuestro sistema de protección social, que ha saltado por las costuras”, generando desigualdades.

“Nos hubiera gustado llegar desde la negociación a un acuerdo para esta renta, no fue posible”, explicó Toxo, para añadir que la ILP es una “respuesta al incumplimiento de los compromisos del Gobierno”, en referencia al mapa de la protección social que en su momento acordaron elaborar con el Ejecutivo.

El máximo responsable de CCOO reconoció que “el coste de la prestación es elevado”, máxime en las condiciones económicas actuales del país, pero es “asumible si se tiene en cuenta la dimensión del gasto social en España”, inferior a la media de la Eurozona.

“Nos parece una medida justa, equilibrada y posible su abordaje por la economía y la sociedad española”, concluyó Toxo.