Seguí anunció en septiembre de 2014, durante una jornada celebrada en Madrid y organizada por la DGT y la consultora PONS Seguridad Vial, que Tráfico iniciaría “una nueva etapa” en su relación con “los investigadores a nivel nacional e internacional” mediante la primera convocatoria anual de ayudas a la investigación en seguridad vial.

Poco antes de concluir 2014, la DGT resolvió esa convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial, con la que repartió un total de 1.511.245 euros entre 38 trabajos, que realizarían mayoritariamente investigadores de universidades, según una resolución de Tráfico publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogida por Servimedia.

Por otro lado, la DGT puso en marcha la segunda convocatoria en 2015, con la que repartió 1.437.256,70 euros a 35 proyectos de investigación, también mayoritariamente de centros universitarios, que recibieron importes que oscilaban entre los 6.820 y los 49.998,30 euros.

Seguí dimitió el pasado 22 de julio al verse implicada en una polémica porque la DGT financió trabajos en los que participaba su marido y después de que el Ministerio del Interior abriera una “investigación urgente” sobre la adjudicación de esos contratos, que eran anteriores a las dos convocatorias anuales para proyectos de investigación de 2014 y 2015.

El nuevo director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha firmado una resolución de la DGT publicada el pasado sábado en el BOE, y recogida por Servimedia, y que supone la renuncia a la convocatoria de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial correspondientes a 2016.

Serrano ha paralizado ese procedimiento administrativo “a la vista de las razones de interés público” recogidas en una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del pasado mes de julio, que regula las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, y en el uso de las facultades que le confiere la Ley General de Subvenciones.