Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, la adopción de este texto tuvo lugar en una sesión presidida por el jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis, y en la que participó el vicesecretario general de Naciones Unidas, Jan Eliasson.

La adopción de la resolución 2325 contó con un amplio apoyo al ser copatrocinada por 71 países, incluyendo todos los miembros del Consejo de Seguridad. Exteriores subrayó que dicho texto culmina la labor desempeñada por España en materia de no proliferación en los dos últimos años.

Durante este tiempo, España ha asumido la responsabilidad, “sin precedentes”, de presidir los tres comités del Consejo de Seguridad relacionados con la no proliferación de armas de destrucción masiva: el 1540, el 1718 sobre sanciones a la república Popular Democrática de Corea y la 2231 sobre el acuerdo nuclear iraní.

La resolución adoptada supone la conclusión del proceso de revisión global de la 1540/2004, considerado el “principal instrumento” internacional para prevenir estos riesgos y amenazas.

Este texto, además, reafirma el compromiso de la comunidad internacional con la no proliferación de armas de destrucción masiva, estableciendo medidas novedosas. Entre ellas, la petición a los países y al propio Comité 1540 de que se centren en los sectores y regiones que necesitan más atención, centrándose en los nuevos riesgos de proliferación.

Al mismo tiempo, se mejora la asistencia a los países que lo soliciten para luchar contra la proliferación y se estrecha la coordinación entre el Consejo de Seguridad y las organizaciones internacionales. También se impulsa la transparencia en los trabajos del Consejo en este ámbito y se reconoce el papel de los parlamentarios y de la sociedad civil en la lucha contra esta lacra.

En resumen, la resolución 2325 establece unas bases renovadas para los próximos cinco años que refuerzan los mecanismos de prevención del riesgo de la posesión y empleo de armas de destrucción masiva por terroristas.