Tras indicar que esta iniciativa ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, agregó que de acuerdo con el nuevo proyecto de ley, que se convierte en la primera norma autonómica específica sobre esta materia, la Comunidad de Madrid podrá personarse en calidad de parte perjudicada civilmente, expresando su atención y apoyo a las víctimas de este tipo de delitos.

Asimismo, expresó el compromiso de la Comunidad de “garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y consolidar legislativamente el derecho a la igualdad de trato y el respeto de la dignidad de la persona frente a comportamientos discriminatorios”.

Cifuentes dijo que el objetivo de la ley es "luchar contra cualquier forma de discriminación, acto de intolerancia y acción que incite al odio, sin distinción alguna por razón de nacimiento, origen racial, social o étnico, sexo, religión, convicción u opinión política o de cualquier otra naturaleza, cultural, idioma, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad; condición de migrante, refugiado o desplazado, característica genética, situación económica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

La nueva norma, que "protege a las víctimas combinando el enfoque preventivo con el reparador, se aplicará en los ámbitos de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, acceso a bienes y servicios, deporte, cultura, acceso a espacios públicos, medios de comunicación y redes sociales".

La presidenta reiteró que cuando la Comunidad de Madrid "tenga conocimiento de un supuesto caso de discriminación, actos de intolerancia o acciones que puedan incitar al odio, pondrá en marcha el correspondiente procedimiento sancionador, en el que se podrán acordar las medidas necesarias para investigar las circunstancias del caso y adoptar las medidas oportunas y proporcionadas para su eliminación".

Las infracciones podrán ser leves, con multas de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000, y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros.

El grado dependerá de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia.

La ley recoge también la creación de un Observatorio para la Igualdad de Trato y la Protección de la Dignidad de la Persona, que vigilará las acciones que inciten al odio, la discriminación y la intolerancia.

Este Observatorio proporcionará informaciones objetivas y comparables sobre las conductas y hechos que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que supongan una forma de discriminación o de acciones que inciten al odio por razón de las causas previstas en la ley, con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas.

En cuanto al Protocolo de Atención a las Víctimas, contemplará una atención especializada y multidisciplinar para las víctimas de agresiones y de acciones que inciten al odio.

Cifuentes manifestó que la Comunidad les prestará una "atención integral real, que comprenderá el asesoramiento, la asistencia (en especial la sanitaria) y las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación integral".

Además, añadió, se creará un punto de información, que será coordinado por la Oficina de Atención al Ciudadano, para realizar una atención integral y personalizada, y se establecerán convenios o programas con entidades sociales especializadas para atender a las víctimas.