Según el texto aprobado hoy, el Congreso se da un plazo de seis meses prorrogables para elaborar un informe sobre el estado actual del sistema educativo español, donde figuren una serie de conclusiones y de propuestas a partir de las cuales el Gobierno pueda elaborar un nuevo proyecto de ley en sustitución de la Lomce y llevarlo al Parlamento.

La subcomisión estará integrada por todos los grupos con representación en el Congreso de acuerdo al reglamento de la Cámara, y en ella se producirán cuantas comparecencias sean necesarias para alcanzar los fines establecidos. Deberá ser ratificada por el Pleno.

El acuerdo respaldado este jueves parte de dos peticiones diferentes (del PP por un lado y de PSOE y Ciudadanos por otro), orientadas ambas a la consecución de un pacto educativo a través de una subcomisión parlamentaria. Sin embargo, los tres grupos decidieron finalmente defender una propuesta conjunta y rechazaron la enmienda de Unidos Podemos.

Según la portavoz de Ciudadanos en la comisión, Marta Martín, el hecho de que “se hayan presentado hasta cuatro peticiones y el cambio de nombres, primero hablamos de Pacto Nacional, después de pacto de Estado y ahora de pacto Social y Político, indica la dificultad de este proceso”. “Sin embargo, estamos ante un momento único en los últimos 40 años de la historia de España, en el que se puede abrir una nueva etapa para la educación”.

Sandra Moneo, del PP, agradeció su trabajo a todos los grupos, “en especial a PSOE y Ciudadanos”, y apeló al diálogo para que, “a partir de nuestras posiciones que legítimamente pueden ser muy diferentes, sepamos movernos y llegar a un acuerdo”.

Para el diputado socialista Manuel Cruz, el futuro pacto ha de contar de hecho con el consenso de las fuerzas políticas, “pero también de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas”, por lo que dijo que deben participar en los trabajos de la subcomisión.

Por parte de Unidos Podemos, el diputado Joan Mena ofreció la posibilidad de votar a favor si los tres partidos proponientes aceptaban su enmienda, en la que pedía eliminar toda referencia a los objetivos de la Estrategia Europea 2020 porque, a su juicio, “son ampliamente rechazados por el conjunto de la comunidad educativa.

“Estos objetivos plantean una visión mercantilista de la educación, de la que no esperan que fomente el espíritu crítico o los valores ciudadanos, sino dar salida formativa a las necesidades del mercado”, aseguró.

Martín y Moneo aseguraron que la comunidad educativa con la que ellas también se han reunido apoya esta estrategia y calificaron de “pueril y adolescente” la petición de Podemos.

También rechazó esta iniciativa el socialista Manuel Cruz, que manifestó que algunos objetivos europeos como los referidos a la reducción del abandono escolar sí son positivos y que, además, de Bruselas depende gran parte de la financiación.

ABSTENCIONES

En consecuencia, Unidos Podemos se abstuvo en la votación, igual que hicieron EH Bildu, Esquerra Republicana, el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat) y el PNV. En líneas generales, estos cuatro grupos señalaron la conveniencia del debate “como primer paso para derogar la Lomce”, pero se mostraron escépticos ante la idea de un pacto nacional que no respete las competencias autonómicas.

En su intervención, la portavoz del PdeCat, Miriam Noguera, recalcó que en ningún punto de este texto se menciona “la derogación de la disposición 38 de la Lomce (relativa al pago de matrículas en colegios privados a aquellos alumnos que deseen estudiar en castellano como lengua vehicular y no dispongan de esa oferta en la red pública), que “atenta contra el modelo língüistico catalán y contra un sistema de inmersión de éxito que cuenta con un gran consenso social”.

El representante del PNV, Joseba Aguirretxea, defendió que la educación es una competencia autonómica exclusiva, con lo que pidió que el ministerio deje de actuar como administración educativa y permita a Euskadi elaborar el currículum y los desarrollos normativos.

Para Joan Olòriz, de Esquerra Republicana, la dificultad de alcanzar un acuerdo nacional y de consensuar leyes educativas está “en el concepto mismo de nación, que las fuerzas que firman este tipo de pacto suelen entender como única”.

“Si verdaderamente esta subcomisión sirve para promulgar una auténtica ley de bases” que dé libertad a las comunidades, “empezaremos a ver una salida”, pero si se vuelve a intentar imponer un modelo “recentralizador, nos tendrán en contra”.

Por su parte, Joan Mena reclamó que el pacto educativo “rompa las cuatro paredes del Congreso y salga a la calle”, a fin de recabar el apoyo de la comunidad educativa, que es la que al final lo implantará.

A su juicio, la razón del fracaso de tantas leyes educativas como ha habido en España es que todas ellas se han elaborado sin contar con los agentes sociales y sindicales.

Por último, reclamó invertir en educación el 6% del PIB, y pidió que el trabajo de esta subcomisión no sea “un lavado de cara para las políticas educativas del PP”.