En la iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se contemplan multas de 200 a 3.000 euros para las infracciones leves y para las infracciones graves, multas de 3.001 hasta 20.000 euros.

Se consideran infracciones muy graves, “adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma, cualquier represalia o trato adverso que reciba una persona como consecuencia de haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, destinado a la protección de su dignidad y la igualdad de trato por discriminación, actos de intolerancia y conductas relativas a los delitos de odio”.

También “convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que alberguen o tengan como objeto la vulneración de la dignidad de la persona y la igualdad de trato por hechos de discriminación, actos de intolerancia y conductas relativas a los delitos de odio”.

La diputada socialista Mónica González explicó a Servimedia que en el programa electoral del PSOE “ya recogíamos la necesidad de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación”, con el objetivo de “impedir toda forma de discriminación que lleve a la exclusión y estigmatización en ámbitos como el laboral, el educativo, la deliberación pública, la atención social o, con carácter general, todos los de la vida pública y la integración social, con la finalidad de que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Indicó que la citada ley establecerá medios para la sensibilización social contra la discriminación y creará un servicio de orientación a las víctimas de discriminación y de delitos de odio.

González dijo que la citada ley tiene por objeto “establecer los principios, instrumentos y regular las medidas y los procedimientos para garantizar el derecho al respeto a la dignidad de las personas, a la igualdad de trato y a la protección frente a cualquier forma y manifestación de discriminación, acto de intolerancia y conducta relativa a la comisión de delitos odio en la Comunidad de Madrid”.

Todo ello, según el texto, en relación con los “comportamientos de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, cristianofobia, LGTBIfobia, gitanofobia, misoginia y sexismo, odio a las personas sin hogar, por su condición socio-económica, por su origen territorial, nacional o étnico, por su lengua, identidad cultural, convicciones religiosas e ideología, por su opinión política o de otra índole, por su edad, profesión, identidad y razón de género, por su aspecto físico, color de piel, características genéticas, por discapacidad intelectual o física, enfermedad, estado serológico u otros factores de significación de las diferentes manifestaciones de la condición humana, reales o supuestos, así como aquellas que sean reconocidas en las instituciones internacionales”.

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Esta ley se basa en dos principios fundamentales: El derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato. También se contemplan “acciones formativas, divulgativas y, en general, acciones positivas, con el objeto de eliminar los prejuicios y estereotipos imperantes, los tratos vejatorios o degradantes, y medidas con el fin de luchar contra la discriminación, actos de intolerancia y conducta relativa a los delitos de odio”.

Asimismo, prevé la puesta en marcha de “programas de formación, capacitación y sensibilización al personal funcionario, laboral y estatutario de las administraciones, organismos, sociedades y entes públicos de la Comunidad de Madrid”.

Esta proposición de ley también contempla la “participación y apoyo a las entidades del Tercer Sector que trabajen por las personas vulnerables y en riesgo de discriminación, acto de intolerancia y conducta relativa a los delitos de odio” y a la “realización de campañas para visibilizar y concienciar específicamente en la prevención y denuncia de hechos de discriminación, actos de intolerancia y conductas relativas a los delitos de odio”.

Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid deberá elaborar y publicar de manera periódica estadísticas y estudios cualitativos, relativos especialmente a actos de intolerancia, discriminación y delitos de odio.

Asimismo, en la iniciativa se prevé la puesta en marcha de un “centro de documentación y memoria de lucha contra intolerancia, la discriminación y los delitos de odio” y de una “comisión contra los delitos de odio, discriminación e intolerancia como un espacio de participación ciudadana y como órgano consultivo de la Administración de la Comunidad”.

En ella tendrán representación las entidades sociales especializadas, las asociaciones de víctimas y aquellas que trabajen principalmente contra los delitos de odio.

Otra de las medidas recogidas en esta propuesta es la creación de un “observatorio de los delitos de odio, la discriminación y la intolerancia que dependerá de la consejería competente en materia de políticas sociales”.