Según informó este jueves el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, el acuerdo ha sido rubricado por la vicepresidenta y ministra del ramo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien actuó como presidenta de la comisión bilateral de cooperación entre Aragón y el Estado, que se puso en marcha para resolver las discrepancias existentes en torno a los artículos controvertidos..

En concreto, se trata de dos artículos 20.5 y 29.2, que plantearon dudas de inconstitucionalidad al referirse a la homologación de las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, fundaciones y consorcios con las retribuciones de los altos cargos y personal equivalente de la comunidad autónoma, omitiendo el requisito de que en ningún caso la homologación pueda suponer un incremento de la masa salarial global.

Según explica el Ministerio de Presidencia en un comunicado, esta omisión es contraria a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que la masa salarial del personal laboral no podrá experimentar un crecimiento superior al 1%.

Además, añade que el establecimiento de techos salariales se encuentra dentro de las competencias estatales que persiguen la consecución de la estabilidad económica, en el ámbito de la dirección y orientación de la política económica, tal y como ha reiterado en diversas sentencias el Tribunal Constitucional.

En este sentido, el Ministerio de Presidencia destaca también la sentencia 62/2001, donde el Tribunal Constitucional señala que la coordinación de la Hacienda estatal exige a las comunidades autónomas la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado a fin de alcanzar la estabilidad económica.