Cifuentes manifestó que con esta modificación la ley se adapta a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que declaró inconstitucionales ocho apartados de seis artículos del texto por entender que regulaba materias reservadas a la competencia del Estado.

Asimismo, afirmó que aunque se hayan declarado nulos estos apartados, no implica que haya habido un vacío normativo, ya que se aplican los preceptos de la normativa estatal, “por seguridad jurídica se ha considerado oportuno modificar la ley para adecuar su redacción al reparto competencial establecido en la Constitución cuyos límites se han fijado en la mencionada sentencia”.

Además, añadió, se ha procedido a modificar otros artículos no afectados por la sentencia pero que, tras varios años desde la entrada en vigor de la citada ley, se ha visto que su modificación permitiría "alcanzar más adecuadamente los objetivos de la ley de la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid".

Cifuentes afirmó que la nueva ley va a potenciar la participación de los ayuntamientos en la protección del patrimonio de forma que será obligatoria la existencia de comisiones locales en todos los municipios que tengan conjuntos históricos protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC).

También indicó que los consistorios participarán en la gestión de determinados bienes de su patrimonio incluidos en sus respectivos catálogos de bienes y espacios y dijo que con la nueva ley se van a agilizar los procedimientos administrativos para fomentar la protección de los bienes de patrimonio histórico, como en el caso de la declaración de un Bien de Interés Cultural (BIC) o Patrimonial (BIP), cuya competencia le corresponderá al director general de Patrimonio Cultural, lo que redunda en una mayor protección al ser más ágil la declaración.

En este sentido, declaró que el Gobierno regional considera el patrimonio cultural “un elemento fundamental en la identidad de los madrileños" y por ello, en este nuevo proyecto de ley "se ha dado especial relevancia a las medidas destinadas a su conocimiento y valoración y al fomento de la accesibilidad universal a todo el patrimonio”.

“Además, hemos incorporado por primera vez un articulado específico sobre educación patrimonial con una orientación holística e integradora para ciudadanos de todas las edades y en todos los ámbitos educativos reglados o no reglados”, explicó