Este acuerdo lo ha sellado el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que se comprometió a exigir una declaración a los aspirantes a adjudicatarios de que no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales.

De esta manera se han sumado a la ‘Zona Libre de Paraísos Fiscales’ que promueve esta ONG, una campaña promovida para que las instituciones públicas incorporen en sus políticas de contratación una serie de criterios para incentivar un “comportamiento fiscal más responsable”.

Esta declaración, a la que ya se sumaron ciudades como Barcelona o Sevilla, incumbe también a los organismos autónomos del municipio y empresas públicas, como la EMT o la funeraria municipal.