Como cuestiones urgentes, la FCM ha trasladado a la diputada por el grupo político Unidos Podemos-En Comú-En Marea su preocupación por las violaciones de derechos fundamentales de las mujeres con discapacidad que se producen a través del mecanismo de la modificación de la capacidad legal, que elimina, entre otros, el derecho a ejercer el derecho al voto y autoriza la realización de esterilizaciones sin el consentimiento de las mujeres, según explica la entidad en una nota.

La Fundación ha puesto de manifiesto la “necesidad de adoptar una política pública en materia de prevención, detección y abordaje de la violencia contra las mujeres que tenga en cuenta las demandas concretas de las mujeres con discapacidad y que incluya la puesta en marcha de una Macroencuesta específica para conocer esta realidad”.

Se ha tratado, asimismo, la obligación de garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres con discapacidad, haciendo especial hincapié en aquellas que se encuentran incapacitadas legalmente.

En la misma línea, se ha abordado la necesidad de adoptar medidas para proteger a las niñas con discapacidad del abuso y el acoso, así como de otras prácticas para el control de su menstruación.

Otro de los temas incluidos en la agenda ha girado en torno a la aplicación de políticas reales y dotadas de presupuesto que den respuesta a las miles de mujeres con discapacidad que viven en situación de pobreza en nuestro país y abordar las situaciones de exclusión que sufren las mujeres con discapacidad migrantes y refugiadas.