En el acto de entrega de medallas y toma de posesión de los nuevos profesores, Andradas recalcó que en comunidades como Madrid, las matrículas universitarias han aumentado un 117% desde 2008 (se han más que duplicado), lo que sitúa a los estudiantes de la región “en desigualdad respecto a otros del resto de España”.

Con todo, subrayó que por segundo año consecutivo, la demanda de la UCM ha vuelto a crecer “pese al precio de los estudios”.

Asimismo, señaló que esta universidad destinó el año pasado casi un millón de euros en ayudas para facilitar la permanencia y el acceso a la educación superior de unos 900 estudiantes. Solo este curso ya hemos recibido 3.000 solicitudes, indicó.

Por otro lado, Andradas se refirió al envejecimiento de las plantillas y a la falta de contratación como uno de los mayores retos que afronta la universidad española en stos momento.

A su juicio, “el del personal es el problema más urgente que enfrentamos hoy en día”, y es que según un informe de la CRUE la media de edad de los catedráticos ronda los 58 años; la de los profesores titulares, los 51; los doctores tienen 44 años de media, y los ayudantes doctores 39.

Subrayó que “en general, la Complutense presenta datos peores”. “No es aceptable y no debemos consentir que profesores por encima de los 40 que han demostrado sobradamente su competencia sigan en condiciones precarias”, afirmó dirigiéndose a los nuevos titulares de la UCM, sobre los que dijo ser consciente de que representan una parte muy pequeña de todos los que deberían.

Por ello, criticó la congelación en la reposición del empleo público impuesta durante la crisis, que ha dado lugar a acumular un gran número de profesores debidamente acreditados sin plaza fija.

CONTRA EL TTIP

Finalmente, Andradas se adhirió a la declaración de los rectores alemanes y de la Asociación de Universidades Europeas sobre la necesidad de que la educación no sea considerada un objeto de comercio incluible en el Acuerdo de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) que negocian la Unión Europea y Estado Unidos.

“La educación es un derecho y por tanto un servicio que los gobiernos deben garantizar”, señaló. Por ello,reivindicó una inversión adecuada y suficiente para mantenerla.