La vista oral comenzó la pasada semana con las cuestiones previas. Durante dos jornadas las defensas pidieron en masa la anulación de las grabaciones hechas por el exconcejal delator de la trama, José Luis Peñas, con su cabecilla, Francisco Correa, así como de las escuchas entre los detenidos y sus abogados en prisión, que ordenó el primer instructor del caso, Baltasar Garzón.

La fiscal, por su parte, solicitó un cambio en el orden de la declaración de los encausados, lo que hace pensar que podrían haber llegado a un acuerdo con el ministerio público que les librara de la cárcel o atenuara sus penas a cambio de su colaboración durante el juicio.

Esas tres personas son el empresario Alfonso García Pozuelo, antiguo propietario de Constructora Hispánica; el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y Jacobo Gordon, antiguo socio del yerno de José María Aznar, Alejando Agag. Para todos ellos se solicitan penas de entre dos y tres años de prisión y podrían librarse de cumplir pena de cárcel.

De aceptar el tribunal este cambio, Francisco Correa pasaría a ser el cuarto en declarar a partir del martes. Este lunes las acusaciones tienen aún pendiente de defender sus alegatos en defensa de las cuestiones previas expuestas.

Esta semana se desvelará finalmente si Correa ha decidido colaborar con la justicia. En los días previos al inicio de la vista su defensa intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía y como gesto de buena voluntad autorizó el desbloqueo de 2,2 millones de euros de sus cuentas en Suiza para hacer frente a la responsabilidad civil que pudiera acordarse en el juicio.