El experto independiente de la ONU sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, Jean Ziegler y Obiora Okafor, defendieron esta medida en un comunicado difundido este jueves.

“Si bien las estructuras en los paraísos fiscales pueden ser el resultado de una actividad comercial legítima, se estima que hay individuos que retienen entre 7 y 25 billones de dólares de riqueza en ese tipo de cuentas, y que los ingresos tributarios perdidos por muchos países podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares al año”, apuntaron.

Los expertos indicaron que “cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho robando esos fondos a la sociedad”, y añadieron que “los beneficios de estas actividades ilícitas pueden y deben destinarse financiar servicios públicos, tales como sanidad, vivienda, escuelas, infraestructura de transporte, seguridad social, mantenimiento del orden público y tribunales”.

“Hay que recordar que las corrientes financieras ilícitas incluyen fondos que, aprovechando los vacíos legales y otros artificios, eluden el espíritu de la ley. Esto incluye, por ejemplo, las operaciones de evasión fiscal que se ven facilitadas por el uso de sociedades situadas en paraísos fiscales”, subrayaron.

En este sentido, recalcaron que los Estados “deben demostrar que toman en serio el interés de miles de millones de personas en todo el mundo, las cuales sufren la pérdida de servicios públicos a causa de la falta generalizada de ética en materia fiscal”.

“Es hora de que las Naciones Unidas adopten medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de las empresas ‘offshore’ situadas en paraísos fiscales. La justicia tributaria mundial y el éxito de la lucha contra el blanqueo de dinero no serán posibles a menos que los Estados cooperen en el control y la regulación de las actividades fiscales de las empresas situadas en paraísos fiscales”, apostillaron.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

A este respecto, consideraron necesario que haya transparencia y se rindan cuentas con respecto a las actividades financieras en los paraísos fiscales, y que los Estados deben establecer niveles mínimos de imposición fiscal uniforme para “evitar que individuos y entidades comerciales puedan elegir a su antojo las tasas impositivas más bajas posibles”.

“La divulgación pública de información sobre la propiedad efectiva debe hacerse obligatoria por ley en todos los países y la transparencia financiera de todas las jurisdicciones bancarias debería clasificarse en un informe público anual realizado por expertos independientes designados por las Naciones Unidas. Dicha clasificación debería basarse en un conjunto de criterios establecidos y transparentes”, precisaron.

Además, apuntaron que los países y las instituciones financieras deben compartir información con las autoridades fiscales extranjeras con el fin de detectar las rentas que se encuentran en jurisdicciones extraterritoriales y que son imponibles. “De este modo, se podrá eliminar el secreto y el anonimato que envuelve a la actividad financiera ilícita en los paraísos fiscales, y los recursos en cuestión destinarse al progreso común y ser devueltos a sus legítimos propietarios: el conjunto de la sociedad”, concluyeron.