El pacto rubricado entre ambas formaciones políticas busca que prime la "excelencia" y "garantice la igualdad de oportunidades" en la Educación.

Para ello, recoge la necesidad de impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales.

La puesta en marcha de este pacto requeriría que en el primer mes de gobierno se constituyera una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permitiera la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses.

Hasta que eso ocurra, ambas partes se comprometen a paralizar el calendario de aplicación de la Lomce en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor.

Por otra parte, el acuerdo incluye la elaboración de un nuevo Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar (Programa Prefe), dirigido a centros docentes que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos. Su objetivo sería "trabajar por una educación inclusiva" que atienda a todos los estudiantes con "necesidades específicas de apoyo educativo".

Este plan contaría con una dotación presupuestaria de 1.560 millones en cuatro años, repartidos en 60 millones el primer año y 500 cada uno de los tres siguientes.

Al mismo tiempo, el texto recoge la puesta en marcha del 'Plan Concilia 3' de Educación Infantil de 0 a 3 años que aumenta el número de plazas en escuelas infantiles para la universalización de la educación.

Esta iniciativa contaría con 750 millones de presupuesto, 300 el primer año, y 150 cada uno de los tres años siguientes.

Ambas formaciones han acordado implantar una educación bilingüe y trilingüe "de calidad" en la escuela pública, que garantice a los jóvenes el dominio del inglés.

También se comprometen a establecer un programa de gratuidad de libros de texto para las familias a través de un sistema público de libros compartidos, en colaboración con las comunidades autónomas. Contaría con una dotación presupuestaria de 1.450 millones, repartida en 350 millones cada uno de los años.

DACIÓN EN PAGO

Ambas formaciones apuestan por establecer un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en forma de complemento salarial garantizado, que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta, así como sus condiciones y patrimonio familiar. Esta iniciativa está valorada en 7.600 millones, 1.300 en 2017 y 2.100 cada año posterior.

A su vez, incluye un nuevo Plan contra la Pobreza Infantil, 'Plan Infancia' al que destinarían mil millones en 2017 y 1.560 cada uno de los tres siguientes. Al mismo tiempo, el texto incluye la ambición de "facilitar la reestructuración de deudas de las personas y familias en situación de vulnerabilidad afectadas por los desahucios", otorgándoles el derecho a la dación en pago de la vivienda habitual con posibilidad de seguir habitándola durante dos años de forma gratuita.

Ambas formaciones apuestan por garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), asegurar que el copago farmacéutico para que"no sea una barrera en el acceso a los medicamentos" y recuperar progresivamente los niveles de gasto público en la materia previos a la crisis.

También el texto recoge que se impulsarán acciones protectoras o reparadoras en el ámbito social a favor de las personas afectadas por la Talidomida, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan emprender frente a los responsables de su comercialización.

Al mismo tiempo apuestan por fortalecer el Sistema de Atención a la Dependencia, con una "gestión más ágil y un mayor énfasis en la prevención".

A su vez, se comprometen a aprobar una Ley Integral de Apoyo a las Familias y a igualar paulatinamente los permisos de paternidad y maternidad en los próximos años, que se cuantifica con 400 millones el primer año y con 800 cada uno de los siguientes.

VIOLENCIA DE GÉNERO

La aprobación de una Ley de Protección Integral a la Violencia Intrafamiliar y la elaboración de una estrategia de coordinación contra los malos tratos a las personas mayores se encuentran entre las medidas sociales del pacto.

Ambas formaciones se comprometen a luchar contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual y/o identidad de género y a impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género, que incluya un plan nacional de sensibilización y prevención y el aumento de los recursos de los juzgados especializados en la materia.

En este ámbito buscarán perfeccionar los mecanismos de derivación de las víctimas desde los servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral y a establecer pautas comunes para la atención individualizada de las mujeres que sufren esta lacra.

También fomentarán la igualdad social del colectivo LGTBI.