Según informa UGT en un comunicado, ambos sindicatos esperan que la iniciativa sea una de las primeras que se debatan en las Cortes la próxima legislativa, ya que insistieron en que la propuesta “responde a la emergencia social de garantizar unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales de las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí o para los familiares a su cargo”.

La prestación iría dirigida a personas entre 18 y 65 años, que no reúnen las condiciones para otras prestaciones y que lleven inscritos en el desempleo, al menos, un año, por lo que se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas.

Según los sindicatos, “se trata de poner en marcha un nuevo derecho subjetivo, vinculado a la Seguridad Social, financiado vía Presupuestos Generales del Estado, que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros”, que aumentará en función del número de componentes de la unidad familiar y que se mantendrá mientras la persona siga en esta situación.

Sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier Administración pública.